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Sin el aspaviento de otras oportunidades, el vicepresidente Álvaro García presentó el fin de semana "el nuevo modelo económico nacional productivo".
El segundo hombre del Gobierno, mostrando su aptitud en el manejo de los números, pero sin atisbo de conocer lo exigente y complejo que es involucrarse en la producción agropecuaria e industrial, indicó que el Estado será, en adelante, el eje central de la economía nacional. De esta forma, se constituirá en una especie de empresa privada.
En gran medida, esta situación no representa una novedad. El Ejecutivo viene anunciando esta política desde que asumió el poder, hace 30 meses, pero hasta ahora no ha podido hacer funcionar a la empresa estatal del petróleo, por ejemplo; sólo se sabe que la copó de personal administrativo, con la agravante de que necesita Bs 187 millones para pagar salarios este año, sin que hubiera generado ni un dólar por producción.
Sobre el modelo económico, García dijo que ahora el Estado participa con casi el 22% del Producto Interno Bruto (PIB) y supuso que los pequeños y medianos productores —que generarían el 35%— se sumarán al carro estatal y que juntos producirán el 56%, con lo que serían el nuevo bloque de poder, sustentado en cinco pilares, a cuya cabeza estará el Estado.
Expuso que la antigua pirámide de ese bloque estaba formada por la empresa petrolera extranjera en la cúpula, la minería privada, la agroindustria y la banca. Mientras que después se hallaba el Estado liquidado, la empresa privada en declive y el pequeño productor marginado. No tomó en cuenta a la agroindustria del oriente, quizá considerándola en proceso de extinción después de que el Gobierno le prohibiera exportar y, luego, creara cupos para tal efecto.
Una de las primeras reacciones provino del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Guillermo Morales, quien recordó que la historia tiene registrado el hecho de que en todos los países, no sólo en Bolivia, el Estado es un mal administrador y que, en su accionar, no suele demostrar transparencia.
Un ejemplo que se debería revisar es el de la nacionalización de las minas, en octubre de 1952. Hasta ese entonces había tres empresas que operaban eficientemente; con la nacionalización, fueron centralizadas en la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), pero con resultados fallidos. Ésta, al cerrarse, por la quiebra del estaño en 1985 —no con el Decreto Supremo 21060—, tenía un déficit abultado y más del 60% de su personal era administrativo. Comibol, además, no exploró nuevos yacimientos por falta de inversiones.
El plan del gobierno de Evo Morales define como esencial la participación del Estado en la producción de alimentos, la industrialización de los recursos naturales, el abastecimiento al mercado interno y la exportación. Aunque, no toma en cuenta la experiencia y la competencia del capital humano.
Pese a haber sido presentado como un nuevo modelo, es, en todo caso, una variante del modelo neoliberal y tiene sus antecedentes —nada halagüeños— en los años 80. Los bolivianos no esperan experimentos, sino certidumbres. Son conscientes de que el futuro del país depende del éxito o el fracaso de la política económica que vaya a aplicar este gobierno.
El segundo hombre del Gobierno, mostrando su aptitud en el manejo de los números, pero sin atisbo de conocer lo exigente y complejo que es involucrarse en la producción agropecuaria e industrial, indicó que el Estado será, en adelante, el eje central de la economía nacional. De esta forma, se constituirá en una especie de empresa privada.
En gran medida, esta situación no representa una novedad. El Ejecutivo viene anunciando esta política desde que asumió el poder, hace 30 meses, pero hasta ahora no ha podido hacer funcionar a la empresa estatal del petróleo, por ejemplo; sólo se sabe que la copó de personal administrativo, con la agravante de que necesita Bs 187 millones para pagar salarios este año, sin que hubiera generado ni un dólar por producción.
Sobre el modelo económico, García dijo que ahora el Estado participa con casi el 22% del Producto Interno Bruto (PIB) y supuso que los pequeños y medianos productores —que generarían el 35%— se sumarán al carro estatal y que juntos producirán el 56%, con lo que serían el nuevo bloque de poder, sustentado en cinco pilares, a cuya cabeza estará el Estado.
Expuso que la antigua pirámide de ese bloque estaba formada por la empresa petrolera extranjera en la cúpula, la minería privada, la agroindustria y la banca. Mientras que después se hallaba el Estado liquidado, la empresa privada en declive y el pequeño productor marginado. No tomó en cuenta a la agroindustria del oriente, quizá considerándola en proceso de extinción después de que el Gobierno le prohibiera exportar y, luego, creara cupos para tal efecto.
Una de las primeras reacciones provino del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Guillermo Morales, quien recordó que la historia tiene registrado el hecho de que en todos los países, no sólo en Bolivia, el Estado es un mal administrador y que, en su accionar, no suele demostrar transparencia.
Un ejemplo que se debería revisar es el de la nacionalización de las minas, en octubre de 1952. Hasta ese entonces había tres empresas que operaban eficientemente; con la nacionalización, fueron centralizadas en la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), pero con resultados fallidos. Ésta, al cerrarse, por la quiebra del estaño en 1985 —no con el Decreto Supremo 21060—, tenía un déficit abultado y más del 60% de su personal era administrativo. Comibol, además, no exploró nuevos yacimientos por falta de inversiones.
El plan del gobierno de Evo Morales define como esencial la participación del Estado en la producción de alimentos, la industrialización de los recursos naturales, el abastecimiento al mercado interno y la exportación. Aunque, no toma en cuenta la experiencia y la competencia del capital humano.
Pese a haber sido presentado como un nuevo modelo, es, en todo caso, una variante del modelo neoliberal y tiene sus antecedentes —nada halagüeños— en los años 80. Los bolivianos no esperan experimentos, sino certidumbres. Son conscientes de que el futuro del país depende del éxito o el fracaso de la política económica que vaya a aplicar este gobierno.
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