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Nuestro controversial sistema político que en otros tiempos y en el presente controla o influye sobre los poderes estatales, caso del Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público y reparticiones dependientes genera una serie de dudas sobre su efectividad, cuando se marcan odiosas discriminaciones dejando a muchos ciudadanos librados a sus suerte y a merced de “matones” políticos amparados en el poder y fuerza del partido gobernante.Son varios los casos que se anotan en este proceso de ataques contra la humanidad de periodistas, trabajadores de la información, hombres y mujeres que reciben diariamente amenazas de gente aleccionada desde los organismos “sociales” y amparada en la esfera gubernativa donde no se asume medidas de ningún tipo para frenar esos ataques y sancionar a los alevosos individuos que se pasean muy orondos por las calles de cualquier ciudad sabiéndose públicamente de sus fechorías.Hay un personaje que en el último tiempo está batiendo el récord de delitos y además de la beligerancia en contra de periodistas llegando al extremo de amenazar mas de una vez con violar a una reportera, además de haber golpeado, pateado y destruido equipos de filmación de otros periodistas todo con un claro registro de imágenes y audio que muestran en toda su talla y procacidad al iracundo funcionario del partido gobernante.Si hay algunas fallas en la administración de justicia debido a la falta de más administradores probos designados por méritos profesionales y no políticos, hay una flagrante omisión de autoridades gubernamentales, como del Ministro de Gobierno que no hace nada por aplicar medidas de aprehensión, con el mismo método que utilizó para reducir a un manifestante opositor en Sucre.De qué privilegios goza un individuo conocido y denunciado como “matón a sueldo” frente a la condición desigual en que trabajan los periodistas sin amparo ministerial, a expensas de la brutalidad de personajes que hacen del sucio trabajo que realizan una escalada de violencia y amedrentamiento que está al margen de las leyes, aún así pretendan ignorar algunos ministros.Lo que se sabe del atacante callejero es que pertenece en calidad de dirigente a un “comité cívico popular” que trabaja en tareas de apoyo directo al esquema gobernante y que posiblemente por tal situación es inmune a las sanciones de la justicia por los delitos cometidos flagrantemente. Este tipo de actos hacen mucho daño al Gobierno, contradicen con algunos buenos propósitos del Mandatario y avivan una suerte de comentarios y hechos que pueden complicar la convivencia pacífica entre bolivianos. Las Leyes deben ser aplicadas de manera correcta, sin discriminaciones odiosas a quienes cometen delitos contra otras personas, no sólo autoridades, sino también a los que amenazan y atacan a los periodistas. Ya es tiempo de que se garantice el trabajo de la prensa y se ponga entre rejas a los delincuentes.
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