Por más que el presidente Evo Morales y sus colaboradores recurran a sofismas para tratar de negar que existe una fuerte tensión en las relaciones con Estados Unidos (EEUU), la práctica y la experiencia diplomática dicen todo lo contrario. Cuando un gobierno llama en consulta a su embajador, acreditado en el país que sea, no es para sostener una conversación trivial; habitualmente lo hace para tratar asuntos importantes, vinculados a las relaciones bilaterales. Y esto ocurrió el lunes con el embajador Philip Goldberg.
Esa ha sido la prueba fehaciente de que a la Casa Blanca le ha preocupado seriamente el asalto que quiso perpetrar contra la sede de su embajada en La Paz, el lunes 9 de junio, una multitud aleccionada incluso para quemarla, a juzgar por los anuncios previos del concejal alteño Roberto de la Cruz.
Aquel día, el argumento de la protesta de decenas y posiblemente centenares de miles de personas era el asilo político que EEUU confirió a Carlos Sánchez Berzaín, ex ministro de Defensa del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, al que actualmente se acusa de genocidio en Bolivia.
El disciplinado comportamiento de 300 policías impidió que se suscitasen hechos luctuosos. Los efectivos del orden cumplieron así su deber. Pero, increíblemente, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, los condenó por haber gasificado a los asaltantes y hasta destituyó al comandante de la Policía de La Paz, coronel Víctor Hugo Escóbar.
Igualmente sorpresivas fueron las declaraciones del domingo del presidente Morales, quien expresó su “admiración y respeto” por “la gran movilización de la gente contra el imperio que protege a los delincuentes y oculta a aquellas personas que hicieron tanto daño a Bolivia”. Dos días después, dijo que el pueblo no había atacado a la Embajada de EEUU sino que mostró su rechazo a la política de encubrimiento del gobierno de George W. Bush, tanto a Sánchez de Lozada como a Sánchez Berzaín. Lejos de bajar el tono, sugirió que, además de Goldberg, EEUU convoque también a la agencia de cooperación Usaid.
En una entrevista con La Razón, el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, Thomas Shannon, indicó que el Gobierno de su país está preocupado, no tanto por los hechos del lunes 9, sino por la reacción del Ejecutivo boliviano, que puso en duda el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Convención de Viena, como el de garantizar la seguridad de la embajada. Dijo no entender las acusaciones de la administración de Morales, tomando en cuenta que, por asistencia económica y social, EEUU es el donante más grande que tiene esta nación sudamericana.
Ayer, el embajador de Bolivia en ese país, Gustavo Guzmán, ofreció garantías a Shannon para la seguridad de la embajada en La Paz. Falta comprobar si esto se cumple en la práctica.
El presidente Morales, desde que asumió el poder, no cesó de atribuir a esa legación diplomática una presunta conspiración en su contra, sin comprobar sus acusaciones. Ésta no es, definitivamente, la mejor forma de relacionarse de un Presidente que representa a una nación pacífica como la boliviana. Mucho menos con EEUU, de cuyo mercado dependen miles de familias, principalmente de El Alto
Fuente:
http://www.la-razon.com/versiones/20080619_006308/nota_245_617206.htm
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