Ministro Presidente

En Bolivia hemos descubierto una nueva figura política, la del “Ministro Presidente”. Se trata de un ministro que tiene más peso y es más importante que el Presidente de la República. Me estoy refiriendo al Ministro de la Presidencia, defendido a capa y espada por el presidente Evo Morales frente a las imputaciones que formuló el ex presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional contra esa autoridad en las que le atribuye su participación en actividades delictivas relativas al contrabando de mercaderías.
En el contexto de un escándalo político como el del presente caso, en lugar de ser el Ministro de la Presidencia el fusible del Presidente de la República; Evo Morales, con su defensa anticipada y apasionada del ministro, se convierte en el fusible de Juan Ramón Quintana. ¿Qué sucedería con el Presidente de la República si, después del debido proceso legal, la justicia llegara a la conclusión —afirmada en una sentencia con calidad de cosa juzgada— de que el Ministro de la Presidencia es culpable y responsable de los hechos que le atribuye el ex presidente Ejecutivo de la Aduana?
El análisis de este caso presenta dos planos: i) el jurídico y ii) el político.
En el plano jurídico, el Ministro de la Presidencia, como el Prefecto del departamento de Pando o como cualquier otro ciudadano que es imputado por la comisión de un delito, tiene el derecho constitucional a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada que declare su culpabilidad. Como paradoja, el Ministro de la Presidencia encabezó un linchamiento mediático del Prefecto de Pando, pasándose por la tapa la presunción de inocencia. En este momento le calza como anillo al dedo a este ministro el lema de “trata a los demás como quisieras ser tratado”, o el de “la justicia tiene que estar por encima y al margen de la manipulación política”.
El Ministro de la Presidencia no puede estar por encima de la ley y la justicia. Cuando decide por sí y ante sí que no se someterá a una investigación porque se considera inocente, se atribuye indebidamente un privilegio que no lo tiene ni el Presidente de la República y menos cualquiera de los ciudadanos de a pie que vivimos en este amado país; ante la menor infracción de tránsito, tenemos que pagar la multa que corresponde.
Resulta imperiosa la investigación independiente e imparcial de estos hechos (también de los hechos de Pando; una investigación no tiene por qué tapar a la otra) porque se tiene que dar una señal clara y contundente a la sociedad de que el Estado no está dispuesto a ser cooptado por la delincuencia organizada del contrabando.
En el plano político, como señal de transparencia para la investigación, es lamentable que Evo Morales no hubiera destituido al Ministro de la Presidencia como lo hizo anteriormente con otros funcionarios de menor jerarquía. Distinta fue la actitud de Barack Obama con el Gobernador del Estado de Illinois o la de Alan García con su jefe y ministros del gabinete.
*Carlos Alarcón es abogado constitucionalista.
http://www.la-razon.com/versiones/20081216_006488/nota_246_731280.htm