Violencia y el pacto de la derrota

El fracaso de la Asamblea Constituyente (AC) en aprobar un proyecto concertado de Constitución y sin el sesgo “etnocrático” y andino-centrista, dio paso a un proceso perverso con un desenlace que traumó al país.
La ilegalidad de la aprobación fue respondida por la media luna con otra ilegalidad al convocar a referendos para aprobar estatutos autonómicos. La falta de un Tribunal Constitucional reforzó el escenario de una guerra de posiciones de unos contra otros. Los intentos de “diálogo” entre enero y febrero de 2008 terminaron con un cerco al Congreso Nacional por parte de grupos sociales movilizados por el Gobierno, poniendo fin a la “comisión de consenso”.
De un lado, el Gobierno no creía y no podía concertar con sus “enemigos” acusados de conspirar contra él. Del otro, las regiones —representadas por el Consejo Nacional Democrático (Conalde)— tenían más razones para pretender alguna forma de acuerdo que haga viable la demanda autonómica, pero había perdido confianza en el Gobierno. Esta desconfianza mutua y profunda estuvo en la base de los fracasados diálogos mediáticos.
En un clima de animadversiones colectivas crecientes se desarrollaron los referendos autonómicos en los cuatro departamentos del oriente del país, que el Gobierno no pudo impedir. La media luna se fortalecía recuperando capacidad de iniciativa política ante un Gobierno acosado, y cultivó la creencia de que al final del proceso estaría en mejor posición de fuerza para negociar. Sin embargo, un accidente en el camino marcaría el principio de su declinación. Pocos días después del referéndum del 4 de mayo, Podemos promovió en el Senado la aprobación de la Ley de Referéndum Revocatorio, alegando que su propósito era impedir el otro referéndum constitucional sobre el proyecto de Oruro, ya aprobado pero observado por el organismo electoral. Esta acción no concertada produjo una ruptura entre la oposición política y la oposición social de los comités cívicos, que sería lapidaria para ambos. El desconcierto les impidió defender un acuerdo logrado el 28 de mayo en el Congreso y por el cual las partes se comprometían a consensuar una nueva Constitución Política, que es lo que había reclamado la media luna y que el Gobierno se había negado reiteradamente a aceptar. Es decir, la oposición estaba perdiéndose en el camino, facilitando la recuperación del Gobierno.
El revocatorio de agosto, fuertemente cuestionado en su legalidad y con un Padrón Electoral contaminado, produjo un resultado dudoso en su porcentaje pero que le sirvió al Gobierno para convencerse y convencer a la comunidad internacional de que había ganado con el voto de dos tercios de los votantes. Aunque los prefectos del oriente también fueron ratificados en sus regiones, habían perdido en el país. Seguían existiendo pero a la defensiva.
En esta nueva situación, la media luna tomó decisiones contradictorias o sin ninguna viabilidad. El Gobierno puso en marcha su estrategia de acorralamiento y varios de los sectores sociales de esa oposición respondieron desesperadamente con la toma de instituciones públicas, que si bien no era nuevo en el país, sí lo era por su magnitud. En principio, el Gobierno dejó hacer, pero se preparaba para la acción mediante planes de contingencia que le permita pasar a la ofensiva.
El referéndum agravó el enfrentamiento, que culminó en la violencia sangrienta de Pando. Las imágenes conmocionaron a una población no habituada a ello e internacionalizaron el conflicto movilizando fuertemente a la comunidad internacional, que por fin decidió pensar en un nuevo proceso de acuerdos.
El impacto de Pando dislocó transversalmente a la oposición y pulverizó su imagen pública, sobre todo internacionalmente. El Gobierno no dejó pasar la oportunidad tan esperada y movilizó a miles de partidarios para obligar al Congreso a aprobar “por las buenas o por las malas” la convocatoria a referéndum constitucional.
Una parte de la oposición facilitó el “acuerdo” político congresal, que fue recibido con alivio por esa comunidad internacional y por el país mismo ante el profundo temor de mayor violencia, aunque en el fondo más parece ser una tregua. Según uno de los protagonistas, este acuerdo fue un “pacto de la derrota”, mientras que el Gobierno demostró lo que quiere decir “mandar obedeciendo”, al imponer cambios en el proyecto de Oruro sin consultar a sus propios constituyentes, varios de ellos cooptados por el poder. La AC, después de haber sido exaltada, terminó humillada.
*Jorge Lazarte R.es politólogo. Fue asambleísta constituyente.
http://www.la-razon.com/versiones/20081126_006468/nota_246_718161.htm