BUENOS AIRES (EFE). Desde el sector empresarial la intención del Ejecutivo de anular el sistema implantado en 1994 fue calificada como un “manotazo a la propiedad privada”. El proyecto presentado el martes al Parlamento comenzará a ser debatido el próximo martes en comisiones de la Cámara de Diputados, donde el peronismo gobernante es mayoría y se ha puesto un plazo de 3 semanas para lograr su aprobación. Sin embargo, legisladores oficialistas plantearon reparos a la iniciativa, principalmente por la falta de precisiones sobre el destino que se dará a los fondos que pasarán de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) al Estado. “El dinero de los aportes no es ni del Gobierno ni de las AFJP. Estamos de acuerdo con el traspaso de los fondos al Estado, pero propondremos modificaciones para que no puedan ser utilizados para gastos corrientes y pago de deuda pública”, aseguró el diputado peronista Jorge Obeid. La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) aclaró que “nadie podrá tocar” los recursos de las diez AFJP, controladas mayormente por bancos y aseguradoras de capitales europeos, estadounidenses y argentinos, cuando pasen a ese organismo público. Los fondos de la jubilación privada, cuyos activos suman unos 30.000 millones de dólares entre bonos públicos y privados, acciones y depósitos a plazo, “serán administrados solamente” por la ANSES, que tendrá autonomía económica, “lo que reclama siempre la oposición”, agregó. Pero luego de manifestar coincidencias con la iniciativa del Gobierno, la opositora Unión Cívica Radical (UCR), anunció que votará en contra tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.ENGAÑO A LOS JUBILADOS“Este proyecto es malo, precario, un mamarracho”, indicó el titular de la UCR, Gerardo Morales, quien acusó al Ejecutivo de “estar tomando un atajo para quedarse con el dinero de los jubilados”. Las principales fuerzas políticas de Argentina coincidieron desde hace años en la necesidad de anular la jubilación privada, pero la oposición aseguró que esta reforma busca financiar gastos y la deuda pública en desmedro de los intereses de los 9,5 millones de afiliados a las AFJP. Las sospechas se ven acentuadas porque el año próximo habrá elecciones para renovar el Parlamento, lo que hace prever aumentos en el gasto público cuando los expertos vaticinan un menor crecimiento económico y de la recaudación de impuestos como consecuencia de la crisis financiera mundial.
http://www.abc.com.py/2008-10-25/articulos/463192/crece-la-resistencia-al-proyecto-del-gobierno-para-estatizar-pensiones
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