UNA VEZ MAS DEMOSTRANDO INTOLERANCIA CONTRA LAS PERSONAS QUE NO APLAUDEN SUS VILES ACCIONES, LOS MASISTAS HAN HECHO LO UNICO QUE SABEN HACER AMEDRENTAR Y AMENAZAR.
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jueves, 12 de junio de 2008
Hugo Chávez el profesor BOLIGOMA
¿Qué ha pasado con el gigante de la revolución, el enemigo público número 1 de los Estados Unidos, el tifón del socialismo, el vengador de los pobres, Cristo de nuevo resucitado? ¿Qué comezón le ha entrado como para alcanzar el prodigio de cambiarse de vinagre en aceite, de plomo en oro, de vidrio en diamante? ¿Por qué quien dijo hace nada que las FARC y el ELN eran un ejército con todas las ley que merecía el estatus de beligerancia, hermanos de ideología, ideales y principios se convierten hoy en pobres infelices extemporáneos que no tienen nada que buscar en este mundo de las transnacionales y la globalización? ¿Por qué Uribe pasa de sinvergüenza, ladrón, mentiroso, traidor, peón del imperio a hermano del alma?
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¿Esquizofrenia, papelón o ambas?
La extraordinaria capacidad que tiene el gobierno al someternos a una sobredosis de información y propaganda, en dorar píldoras de medias verdades y tensionar humores e inyectar adrenalina, es proporcional al mecanismo de negación -léase sordera y ceguera-- de datos de la realidad tan contundentes como la inflación, los desconcertados mensajes de países cooperantes y hechos inocultables como el asilo político concedido a Sánchez Berzain hace ya tiempo.
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http://www.lostiempos.com/noticias/12-06-08/12_06_08_pv2.php
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Guaraníes denuncian que el Gobierno paga para conformar una nueva TCO
Según el Capitán Grande Bonifacio Barrientos, quien realizara la denuncia en compañía del Consejo Ejecutivo de Capitanes, en esta zona se estarían realizando talleres para crear la ‘Región Guaraní’, además se estaría convenciendo, a través de pagos, a los originarios para que renuncien a las TCO, y se pueda convertirla en territorios indígenas (TCI), con el objetivo de apropiarse de los recursos naturales de los tres departamentos y adelantar el proyecto de Constitución del MAS. En este sentido, puntualizó que actualmente se encuentran comisiones trabajando en la conformación de la TCO y que han ofrecido una cantidad de dinero, que no fue especificada por el capitán guaraní
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Revelación de El Mundo puso histérico al gobierno
Ante el anuncio realizado ayer por este medio de comunicación impresa, que el Referendo Revocatorio estaría al borde de un hilo y que el Gobierno estaría tratando de reunir los dos tercios de votos de los partidos políticos para derogar su propia ley, el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, saltó y calificó de mentirosa la publicación en la portada de ayer. Al respecto, las autoridades manifestaron su sorpresa ante algunos detalles publicados de la reunión secreta que mantenían algunos funcionarios de las altas esferas políticas en la sede de Gobierno, reunión que se extendió hasta cerca del medio día de ayer desde las primeras horas de la madrugada.
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Editorial La Razón: El estatismo en la producción
Sin el aspaviento de otras oportunidades, el vicepresidente Álvaro García presentó el fin de semana "el nuevo modelo económico nacional productivo".
El segundo hombre del Gobierno, mostrando su aptitud en el manejo de los números, pero sin atisbo de conocer lo exigente y complejo que es involucrarse en la producción agropecuaria e industrial, indicó que el Estado será, en adelante, el eje central de la economía nacional. De esta forma, se constituirá en una especie de empresa privada.
En gran medida, esta situación no representa una novedad. El Ejecutivo viene anunciando esta política desde que asumió el poder, hace 30 meses, pero hasta ahora no ha podido hacer funcionar a la empresa estatal del petróleo, por ejemplo; sólo se sabe que la copó de personal administrativo, con la agravante de que necesita Bs 187 millones para pagar salarios este año, sin que hubiera generado ni un dólar por producción.
Sobre el modelo económico, García dijo que ahora el Estado participa con casi el 22% del Producto Interno Bruto (PIB) y supuso que los pequeños y medianos productores —que generarían el 35%— se sumarán al carro estatal y que juntos producirán el 56%, con lo que serían el nuevo bloque de poder, sustentado en cinco pilares, a cuya cabeza estará el Estado.
Expuso que la antigua pirámide de ese bloque estaba formada por la empresa petrolera extranjera en la cúpula, la minería privada, la agroindustria y la banca. Mientras que después se hallaba el Estado liquidado, la empresa privada en declive y el pequeño productor marginado. No tomó en cuenta a la agroindustria del oriente, quizá considerándola en proceso de extinción después de que el Gobierno le prohibiera exportar y, luego, creara cupos para tal efecto.
Una de las primeras reacciones provino del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Guillermo Morales, quien recordó que la historia tiene registrado el hecho de que en todos los países, no sólo en Bolivia, el Estado es un mal administrador y que, en su accionar, no suele demostrar transparencia.
Un ejemplo que se debería revisar es el de la nacionalización de las minas, en octubre de 1952. Hasta ese entonces había tres empresas que operaban eficientemente; con la nacionalización, fueron centralizadas en la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), pero con resultados fallidos. Ésta, al cerrarse, por la quiebra del estaño en 1985 —no con el Decreto Supremo 21060—, tenía un déficit abultado y más del 60% de su personal era administrativo. Comibol, además, no exploró nuevos yacimientos por falta de inversiones.
El plan del gobierno de Evo Morales define como esencial la participación del Estado en la producción de alimentos, la industrialización de los recursos naturales, el abastecimiento al mercado interno y la exportación. Aunque, no toma en cuenta la experiencia y la competencia del capital humano.
Pese a haber sido presentado como un nuevo modelo, es, en todo caso, una variante del modelo neoliberal y tiene sus antecedentes —nada halagüeños— en los años 80. Los bolivianos no esperan experimentos, sino certidumbres. Son conscientes de que el futuro del país depende del éxito o el fracaso de la política económica que vaya a aplicar este gobierno.
El segundo hombre del Gobierno, mostrando su aptitud en el manejo de los números, pero sin atisbo de conocer lo exigente y complejo que es involucrarse en la producción agropecuaria e industrial, indicó que el Estado será, en adelante, el eje central de la economía nacional. De esta forma, se constituirá en una especie de empresa privada.
En gran medida, esta situación no representa una novedad. El Ejecutivo viene anunciando esta política desde que asumió el poder, hace 30 meses, pero hasta ahora no ha podido hacer funcionar a la empresa estatal del petróleo, por ejemplo; sólo se sabe que la copó de personal administrativo, con la agravante de que necesita Bs 187 millones para pagar salarios este año, sin que hubiera generado ni un dólar por producción.
Sobre el modelo económico, García dijo que ahora el Estado participa con casi el 22% del Producto Interno Bruto (PIB) y supuso que los pequeños y medianos productores —que generarían el 35%— se sumarán al carro estatal y que juntos producirán el 56%, con lo que serían el nuevo bloque de poder, sustentado en cinco pilares, a cuya cabeza estará el Estado.
Expuso que la antigua pirámide de ese bloque estaba formada por la empresa petrolera extranjera en la cúpula, la minería privada, la agroindustria y la banca. Mientras que después se hallaba el Estado liquidado, la empresa privada en declive y el pequeño productor marginado. No tomó en cuenta a la agroindustria del oriente, quizá considerándola en proceso de extinción después de que el Gobierno le prohibiera exportar y, luego, creara cupos para tal efecto.
Una de las primeras reacciones provino del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Guillermo Morales, quien recordó que la historia tiene registrado el hecho de que en todos los países, no sólo en Bolivia, el Estado es un mal administrador y que, en su accionar, no suele demostrar transparencia.
Un ejemplo que se debería revisar es el de la nacionalización de las minas, en octubre de 1952. Hasta ese entonces había tres empresas que operaban eficientemente; con la nacionalización, fueron centralizadas en la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), pero con resultados fallidos. Ésta, al cerrarse, por la quiebra del estaño en 1985 —no con el Decreto Supremo 21060—, tenía un déficit abultado y más del 60% de su personal era administrativo. Comibol, además, no exploró nuevos yacimientos por falta de inversiones.
El plan del gobierno de Evo Morales define como esencial la participación del Estado en la producción de alimentos, la industrialización de los recursos naturales, el abastecimiento al mercado interno y la exportación. Aunque, no toma en cuenta la experiencia y la competencia del capital humano.
Pese a haber sido presentado como un nuevo modelo, es, en todo caso, una variante del modelo neoliberal y tiene sus antecedentes —nada halagüeños— en los años 80. Los bolivianos no esperan experimentos, sino certidumbres. Son conscientes de que el futuro del país depende del éxito o el fracaso de la política económica que vaya a aplicar este gobierno.
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Editorial La Patria: Delitos en la impunidad
Nuestro controversial sistema político que en otros tiempos y en el presente controla o influye sobre los poderes estatales, caso del Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público y reparticiones dependientes genera una serie de dudas sobre su efectividad, cuando se marcan odiosas discriminaciones dejando a muchos ciudadanos librados a sus suerte y a merced de “matones” políticos amparados en el poder y fuerza del partido gobernante.Son varios los casos que se anotan en este proceso de ataques contra la humanidad de periodistas, trabajadores de la información, hombres y mujeres que reciben diariamente amenazas de gente aleccionada desde los organismos “sociales” y amparada en la esfera gubernativa donde no se asume medidas de ningún tipo para frenar esos ataques y sancionar a los alevosos individuos que se pasean muy orondos por las calles de cualquier ciudad sabiéndose públicamente de sus fechorías.Hay un personaje que en el último tiempo está batiendo el récord de delitos y además de la beligerancia en contra de periodistas llegando al extremo de amenazar mas de una vez con violar a una reportera, además de haber golpeado, pateado y destruido equipos de filmación de otros periodistas todo con un claro registro de imágenes y audio que muestran en toda su talla y procacidad al iracundo funcionario del partido gobernante.Si hay algunas fallas en la administración de justicia debido a la falta de más administradores probos designados por méritos profesionales y no políticos, hay una flagrante omisión de autoridades gubernamentales, como del Ministro de Gobierno que no hace nada por aplicar medidas de aprehensión, con el mismo método que utilizó para reducir a un manifestante opositor en Sucre.De qué privilegios goza un individuo conocido y denunciado como “matón a sueldo” frente a la condición desigual en que trabajan los periodistas sin amparo ministerial, a expensas de la brutalidad de personajes que hacen del sucio trabajo que realizan una escalada de violencia y amedrentamiento que está al margen de las leyes, aún así pretendan ignorar algunos ministros.Lo que se sabe del atacante callejero es que pertenece en calidad de dirigente a un “comité cívico popular” que trabaja en tareas de apoyo directo al esquema gobernante y que posiblemente por tal situación es inmune a las sanciones de la justicia por los delitos cometidos flagrantemente. Este tipo de actos hacen mucho daño al Gobierno, contradicen con algunos buenos propósitos del Mandatario y avivan una suerte de comentarios y hechos que pueden complicar la convivencia pacífica entre bolivianos. Las Leyes deben ser aplicadas de manera correcta, sin discriminaciones odiosas a quienes cometen delitos contra otras personas, no sólo autoridades, sino también a los que amenazan y atacan a los periodistas. Ya es tiempo de que se garantice el trabajo de la prensa y se ponga entre rejas a los delincuentes.
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miércoles, 11 de junio de 2008
Bolivia.... ¿cambia?
Hoy ¿quién tendría el cinismo de decirnos que somos un Estado institucionalmente fuerte? (se me ocurren nombres de algunos cínicos, pero evidentemente debemos ignorarlos). En los últimos dos años, Bolivia ha profundizado su debilidad institucional llegando a poseer una fuerza casi nula. Lo que ha ido in crescendo es el alcance del Estado, y lo que nos propone el Vice es continuar incrementándolo irracionalmente. Cambiar la opción 1 por la 4 será catastrófico para nuestra economía, puesto que quienes disfrutarán de la happy hour serán los políticos y burócratas del gobierno, que (siguiendo las instrucciones del Presidente) podrán ignorar la ley y manejar los recursos y empresas del Estado indiscriminadamente, situándonos, como siempre, en el conjunto de países fracasados del globo. Bolivia ¿cambia? Evo cumple… ¿ese es el gran cambio? ¿De país fracasado opción 1 a país fracasado opción 4?… ¡lástima!
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Editorial La Razón: La policía nacional cumplió su deber
Una desconcertante condena del Gobierno ha recibido la Policía Nacional por haber impedido que una multitudinaria turba asalte y queme la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, el último lunes, como eran los designios de varios dirigentes de la ciudad de El Alto.
El reproche provino del ministro de Gobierno, Alfredo Rada, el mismo que hace un tiempo subestimó las exportaciones de soya al calificar a ésta como un "alimento para los chanchos". Esta vez, Rada dijo que el accionar de la Policía fue "poco eficiente", y que "no se debió acudir a la fácil vía de la represión", sino "a la prevención". Desde su óptica, una movilización tan grande, que según la radio Fides tuvo entre 150.000 y 170.000 personas, debió ser contrarrestada "con un criterio profesional".
El objetivo de la marcha era pedir la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y del que fuera su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, a pocas horas de que el país se enterara de que este último ha recibido asilo político en Estados Unidos, donde ambos radican desde la revuelta de octubre del 2003. Miles de alteños se agolparon cerca de las puertas de la legación diplomática, donde hicieron explosionar petardos y gritaron "Fuera yanquis" y "A quemar la embajada".
Cuando quisieron forzar las entradas, los policías resistieron, protegiéndose con sus escudos y utilizando sus laques, en tanto que los marchistas hicieron explotar petardos y, algunos, hasta cartuchos de dinamita. No pocos enfrentaron a patadas a los policías y les lanzaron piedras. Entonces, las fuerzas del orden optaron por arrojar gas lacrimógeno para dispersar a los atacantes.
La falta de previsión de los policías, como les cuestionó el ministro Rada, no fue evidente. A dos cuadras de la embajada se habían colocado defensivos de fierro y, además, había un fuerte cordón de seguridad.
El comandante departamental de la Policía, coronel Víctor Hugo Escóbar, dijo que los marchistas se habían comprometido a realizar una marcha pacífica y a no causar ningún daño ni enfrentamiento. Esa misma noche, fue destituido del cargo, según lo que dio a entender el ministro Rada, después de una evaluación de su accionar en los incidentes del lunes.
Los 300 policías que cumplieron con su labor de preservar el orden público, sin duda, aprendieron una lección. En Bolivia, los papeles están cambiados: a ellos se les puede reprimir hasta dejarlos heridos, como ocurrió el lunes, pero a una turba de desaforados no. Es que, en la actualidad, éstos tienen protección gubernamental, de otro modo no se explica lo ocurrido.
Una pésima señal se ha dado al mundo con el mensaje del ministro Rada; un discurso contrario al trabajo de una Policía que, evidentemente, no está interesada en someterse al gobierno de turno y sí, en cambio, en preservar su debida institucionalidad. ¿Qué esperaba Alfredo Rada?, ¿que la gente ingresara a la embajada y la quemara, como lo habían anticipado? Porque, de no actuar la Policía para dispersar a la multitud, eso hubiera pasado con toda seguridad.
Para colmo, la asistencia de los marchistas fue controlada con fichas. Tal es la democracia de cierta dirigencia, practicante de estos viejos métodos de persuasión. Y todavía reciben el respaldo del gobierno del MAS...
El reproche provino del ministro de Gobierno, Alfredo Rada, el mismo que hace un tiempo subestimó las exportaciones de soya al calificar a ésta como un "alimento para los chanchos". Esta vez, Rada dijo que el accionar de la Policía fue "poco eficiente", y que "no se debió acudir a la fácil vía de la represión", sino "a la prevención". Desde su óptica, una movilización tan grande, que según la radio Fides tuvo entre 150.000 y 170.000 personas, debió ser contrarrestada "con un criterio profesional".
El objetivo de la marcha era pedir la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y del que fuera su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, a pocas horas de que el país se enterara de que este último ha recibido asilo político en Estados Unidos, donde ambos radican desde la revuelta de octubre del 2003. Miles de alteños se agolparon cerca de las puertas de la legación diplomática, donde hicieron explosionar petardos y gritaron "Fuera yanquis" y "A quemar la embajada".
Cuando quisieron forzar las entradas, los policías resistieron, protegiéndose con sus escudos y utilizando sus laques, en tanto que los marchistas hicieron explotar petardos y, algunos, hasta cartuchos de dinamita. No pocos enfrentaron a patadas a los policías y les lanzaron piedras. Entonces, las fuerzas del orden optaron por arrojar gas lacrimógeno para dispersar a los atacantes.
La falta de previsión de los policías, como les cuestionó el ministro Rada, no fue evidente. A dos cuadras de la embajada se habían colocado defensivos de fierro y, además, había un fuerte cordón de seguridad.
El comandante departamental de la Policía, coronel Víctor Hugo Escóbar, dijo que los marchistas se habían comprometido a realizar una marcha pacífica y a no causar ningún daño ni enfrentamiento. Esa misma noche, fue destituido del cargo, según lo que dio a entender el ministro Rada, después de una evaluación de su accionar en los incidentes del lunes.
Los 300 policías que cumplieron con su labor de preservar el orden público, sin duda, aprendieron una lección. En Bolivia, los papeles están cambiados: a ellos se les puede reprimir hasta dejarlos heridos, como ocurrió el lunes, pero a una turba de desaforados no. Es que, en la actualidad, éstos tienen protección gubernamental, de otro modo no se explica lo ocurrido.
Una pésima señal se ha dado al mundo con el mensaje del ministro Rada; un discurso contrario al trabajo de una Policía que, evidentemente, no está interesada en someterse al gobierno de turno y sí, en cambio, en preservar su debida institucionalidad. ¿Qué esperaba Alfredo Rada?, ¿que la gente ingresara a la embajada y la quemara, como lo habían anticipado? Porque, de no actuar la Policía para dispersar a la multitud, eso hubiera pasado con toda seguridad.
Para colmo, la asistencia de los marchistas fue controlada con fichas. Tal es la democracia de cierta dirigencia, practicante de estos viejos métodos de persuasión. Y todavía reciben el respaldo del gobierno del MAS...
Fuente:
Castigo por preservar el orden y la seguridad
La marcha de miles de alteños del pasado lunes traía potencial como para convertirse en enfrentamiento de lamentables consecuencias. La protesta ya venía aumentando en intensidad con días de anticipación, producto de los numerosos conflictos internos que siguen exacerbando los ánimos de los bolivianos. Pero en esta ocasión y casi a último momento surgió un motivo como para caldear esos ánimos a niveles extremos: la supuesta concesión de asilo político al ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín por parte del Gobierno de Estados Unidos. Los dueños de negocios y ciudadanos en general tomaron sus previsiones y se pusieron a buen recaudo frente a posibles hechos de vandalismo, y lo hicieron muy bien porque los movilizados causaron destrozos a la propiedad privada y agredieron a transeúntes. Actuando con precaución, los paceños evitaron que hubiera saqueos en gran escala y que personas inocentes resultasen heridas. La Policía hizo su parte. Anticipándose a una posible toma de la Embajada estadounidense, los uniformados tendieron un cerco de protección en resguardo de la sede diplomática. Los efectivos resistieron estoicamente la embestida de las turbas enardecidas que los superaban en número, y finalmente utilizaron gas lacrimógeno, pero sólo cuando los manifestantes comenzaron a agredirlos con petardos y gas pimienta. Cuatro policías resultaron heridos y una decena de manifestantes sufrieron intoxicaciones por los gases. En el balance, las consecuencias pudieron haber sido mucho peor de no haber sido la acertada acción policial. Por eso, llama la atención que el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, haya decidido destituir al comandante departamental de la Policía, bajo el argumento de que a la autoridad policial “le faltó planificación” y que se infiltraron provocadores “que no entendieron el sentido de la marcha y que no representan a la alteñidad”. Nos invade la duda de cómo un policía podría identificar a los que son infiltrados en una marcha multitudinaria y, más difícil aún, reprimir sólo a ellos sin afectar a los miles de marchistas, que al parecer gozan del apoyo del Gobierno. Aquí no hay dónde perderse. Esta nueva decisión del ministro Rada viene a confirmar la política de su despacho que es la de manipular a la institución del orden para que sea complaciente con los “movimientos sociales” afines al Gobierno y severa contra los opositores. Lo correcto sería que la Policía cumpliera —siempre y sin excepciones— con su papel constitucional de preservar el orden y de brindar seguridad a los ciudadanos. Y para ello, debe contar siempre con el apoyo logístico necesario para no verse rebasada bajo ninguna circunstancia.
Fuente:
Canta victorioso pueblo de leyendas
El Beni ha decidido, los benianos nos hemos manifestado a través del mecanismo mas importante en democracia, el voto popular; pero mas que una decisión es una declaración de voluntad (hacia el gobierno nacional) y un mandato popular (para las autoridades departamentales del Beni), la declaración de voluntad consiste en la voluntad de cambiar el modelo de administración político y administrativo, asumiendo nuevas competencias, y el mandato popular consiste en la obligación que tiene el Prefecto del Beni y el Consejo Departamental del Beni, de realizar las acciones conducentes establecidas en el Estatuto Autonómico aprobado y en vigencia, para establecer la nueva institucionalidad gubernamental en el Beni.
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http://lapatriaenlinea.com/index.php?option=com_content&task=view&id=878&Itemid=33
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El relevo de un coronel deriva en malestar policial
Cuatro autoridades policiales de alto rango, en conversaciones separadas con este medio, aseveraron ayer que dentro de la institución existe un profundo malestar tras conocerse la nueva orden de destinos, en la que el coronel Víctor Escóbar, hasta el lunes comandante departamental de La Paz, fue suspendido y no tiene ningún cargo aún.
Un alto jefe policial que pidió guardar su identidad señaló que “hay mucha molestia dentro de la institución por esa actitud del ministro (de Gobierno, Alfredo Rada)”. El lunes, el ministro repudió el accionar de la Policía que gasificó a cientos de campesinos y gente alteña que intentó ingresar a la Embajada de Estados Unidos y quemarla.
Un alto jefe policial que pidió guardar su identidad señaló que “hay mucha molestia dentro de la institución por esa actitud del ministro (de Gobierno, Alfredo Rada)”. El lunes, el ministro repudió el accionar de la Policía que gasificó a cientos de campesinos y gente alteña que intentó ingresar a la Embajada de Estados Unidos y quemarla.
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http://www.la-razon.com/versiones/20080611_006300/nota_249_612351.htm
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Conflictos rebasan al gobierno concentrado en peleas externas
El gobierno alienta la confrontación externa mientras pierde la capacidad de control y mitigación de los conflictos internos. Consecuente con la línea de oposición al “imperio”, marcada por Venezuela, el gobierno del presidente Evo Morales ha encontrado en el asilo al ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, un nuevo impulso para tensionar la relación con Estados Unidos.
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martes, 10 de junio de 2008
Masización en vez de nacionalización
Y no es solamente que la Media Luna y acompañantes vayan a derrotar al MAS en las urnas, sino que el fracaso de las empresas "masizadas" ha de ser tal que la única forma de rescatarlas (o lo que quede de ellas) ha de ser capitalizándolas y privatizándolas a un costo inmenso de tiempo y energía, y eso, si tenemos suerte
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¿Racismo?
Los lamentables hechos de violencia que tuvieron lugar el pasado día 24 de mayo en la ciudad de Sucre han sido utilizados por el Gobierno Nacional, y por todos los sectores afines al oficialismo, para emprender una agresiva campaña nacional e internacional que pretende teñir a la Capital de la República con el estigma del racismo y la discriminación social. Lo sucedido en esa ocasión, cuando la turba exaltada infligió deplorables humillaciones a un grupo de campesinos trasladados por el Movimiento al Socialismo hasta la ciudad de Sucre para organizar un acto paralelo a los festejos de la efemérides departamental de Chuquisaca, no pasa de ser un hecho puramente político. La población de Sucre aún respira por las profundas heridas que dejó abiertas la brutal represión del ya tristemente célebre "Noviembre Negro", con el trágico saldo de tres chuquisaqueños muertos y más de trescientas personas heridas. No está demás recordar que el día 24 de mayo último, además del ambiente festivo que se respiraba en la ciudad de Sucre por el 199 aniversario del Primer Grito de Libertad de América, se cumplían exactamente seis meses de los luctuosos sucesos de "Noviembre Negro". Así, con el recuerdo latente de los enfrentamientos de noviembre, y sin que el Gobierno hubiera hecho ni un solo intento para tender puentes de acercamiento y reconciliación con la Capital, el acto público preparado por el oficialismo constituía, pues, una nueva y abierta provocación a la población sucrense, tal y como lo habíamos advertido oportunamente desde este mismo espacio editorial. Los vejámenes sufridos por un grupo de campesinos en la Plaza 25 de Mayo de Sucre son la triste consecuencia de una nueva incitación a la violencia política. Y es que, además de organizar una concentración en las circunstancias arriba descritas, los campesinos trasladados por el MAS hasta Sucre fueron provistos de importantes cantidades de dinamita, y todavía resta aclarar la participación de altos dignatarios de Estado en el mismísimo teatro de los primeros enfrentamientos ocurridos el 24 de mayo. Salta a la vista, pues, que la violencia y los excesos registrados en esa jornada tienen un origen de orden político y distan mucho de la versión gubernamental sobre supuestos actos de racismo o discriminación. Lo que sucedió en Sucre fue algo penosamente digitado desde los centros de poder de un gobierno que tanto dice defender los principios de la vida pero que no trepida a la hora de sacrificar como terneros a humildes campesinos, enviándolos a guerras provocadas de principio a fin. El Gobierno del presidente Evo Morales tenía una responsabilidad histórica, y era la de reconciliarnos entre bolivianos, entre culturas marginadas, historias invisibles y tiempos desmembrados; tenía que ser quien nos ayude a sanar nuestras heridas, no quien termine de abrirlas. Y ha fallado. Los hechos del 24 de mayo, como los plantea el oficialismo a través de todos sus tentáculos, no son una cuestión de raza. Son una cuestión política, de esa que se ha envilecido hasta extremos impensables y está llevando a nuestro país al borde de un río de aguas turbulentas y amargas.
Fuente:
Cortes departamentales atentas ante el anuncio de fraude en las fronteras
Al respecto, la vicepresidenta de la Corte departamental de Beni, Roxana Hurtado, enfatizó que de acuerdo al Código Electoral, es claro que en cuanto a las funciones de un notario, su función es inscribir solo a los que corresponden a su jurisdicción. "Esperamos que sea solo un rumor, si no, sería gente que se ha inscrito fraudulentamente, su trasladado es un delito electoral, normado como tal en el código y por lo tanto habrá que hacer la investigación, la amerita", aseguró Hurtado. Por su lado, Miguel Ángel Guzmán, presidente de la Corte departamental de Tarija, enfatizó que de llevarse a cabo estos hechos, los mas probables, serían en la frontera de Bermejo y Yacuiba, "pero es difícilmente probable".
Leer la noticia completa:
http://www.elmundo.com.bo/Secundarianew.asp?edicion=10/06/2008&Tipo=Politica&Cod=7229
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Editorial La Razón: La improcedencia del Revocatorio
A pesar de que en el Congreso Nacional se aprobó una ley especial para la realización del referéndum revocatorio, eso no elimina el carácter anticonstitucional de éste, porque el artículo 4º de la Constitución Política del Estado (CPE) vigente, al instituir dicho recurso, en su Ley General, no se refiere a la revocabilidad del mandato.
Por tanto, la primera observación que subyace en el revocatorio es que afecta a la estabilidad de los poderes del Estado, cuyo mandato es de cinco años. En el caso de los estatutos autonómicos, sólo se trata de documentos procedimentales, los que, en la gradación de la legalidad, tienen un valor secundario. Además, están todavía sujetos a ser modificados, cuando la CPE sea producto de un consenso, sustentado en el cumplimiento del requisito de los dos tercios de votos en la aprobación de cada uno de sus artículos.
Tiene que estar entendido que cuando se apruebe la CPE consensuada, se tendrán que incluir las competencias que se les reconocerán a los departamentos autónomos, de manera que muy bien puede decirse que los estatutos aprobados en los referendos departamentales están aún a medio camino.
El apremio que hubo para realizar estas consultas se originó en el hecho de que en el proyecto de CPE del MAS no se incluyen las competencias; en cambio, se crean seis niveles de gobierno a nivel departamental, en desmedro de las autonomías departamentales y municipales, según el estudio que hizo el constitucionalista Juan Carlos Urenda Díaz.
Aparte, hubo otro apuro fundamental para proceder con los referendos de los estatutos. De manera atentatoria al sistema democrático, el MAS aprobó en el Congreso la Ley del Referéndum Dirimitorio para encaminar, mediante el voto, su cuestionado proyecto de Constitución. En este punto, hay que recordar el comportamiento escandaloso que tuvo el vicepresidente Álvaro García, de dejar en su oficina a los senadores que había convocado engañosamente para una negociación, mientras que él se dirigió al hemiciclo parlamentario para hacer aprobar dicha ley, llenar el recinto con los adeptos del MAS y, por último, cercar el edificio congresal con sus activistas, los que se dedicaron a golpear a dos diputadas opositoras y a periodistas.
En cuanto a las perspectivas que tendría el referéndum revocatorio, aparte del vicio constitucional antes apuntado, no resolverá los problemas políticos del país; más bien, los agravará. Además, de inicio, el oficialismo ha planteado la consulta con una pregunta incongruente, nada clara y, finalmente, tramposa, pues no condice con la llana intención de llevar a votación la posibilidad de revocar los mandatos del Presidente, del Vicepresidente y de los prefectos del país.
Concretamente, el elector puede estar de acuerdo con el "proceso de cambio", pero no con el Presidente y el Vicepresidente. El referéndum tiene que ser para ratificar o cambiar a las autoridades, no para pronunciarse por "la continuidad del proceso de cambio", como desacertadamente se puede leer en la primera de las preguntas que tiene la boleta de votación.
Antes de ir al referéndum, lo que debe definirse con claridad es si se quiere un diálogo honesto, que sea parte de un acuerdo nacional, o, de lo contrario, llevar al país a la confrontación.
Por tanto, la primera observación que subyace en el revocatorio es que afecta a la estabilidad de los poderes del Estado, cuyo mandato es de cinco años. En el caso de los estatutos autonómicos, sólo se trata de documentos procedimentales, los que, en la gradación de la legalidad, tienen un valor secundario. Además, están todavía sujetos a ser modificados, cuando la CPE sea producto de un consenso, sustentado en el cumplimiento del requisito de los dos tercios de votos en la aprobación de cada uno de sus artículos.
Tiene que estar entendido que cuando se apruebe la CPE consensuada, se tendrán que incluir las competencias que se les reconocerán a los departamentos autónomos, de manera que muy bien puede decirse que los estatutos aprobados en los referendos departamentales están aún a medio camino.
El apremio que hubo para realizar estas consultas se originó en el hecho de que en el proyecto de CPE del MAS no se incluyen las competencias; en cambio, se crean seis niveles de gobierno a nivel departamental, en desmedro de las autonomías departamentales y municipales, según el estudio que hizo el constitucionalista Juan Carlos Urenda Díaz.
Aparte, hubo otro apuro fundamental para proceder con los referendos de los estatutos. De manera atentatoria al sistema democrático, el MAS aprobó en el Congreso la Ley del Referéndum Dirimitorio para encaminar, mediante el voto, su cuestionado proyecto de Constitución. En este punto, hay que recordar el comportamiento escandaloso que tuvo el vicepresidente Álvaro García, de dejar en su oficina a los senadores que había convocado engañosamente para una negociación, mientras que él se dirigió al hemiciclo parlamentario para hacer aprobar dicha ley, llenar el recinto con los adeptos del MAS y, por último, cercar el edificio congresal con sus activistas, los que se dedicaron a golpear a dos diputadas opositoras y a periodistas.
En cuanto a las perspectivas que tendría el referéndum revocatorio, aparte del vicio constitucional antes apuntado, no resolverá los problemas políticos del país; más bien, los agravará. Además, de inicio, el oficialismo ha planteado la consulta con una pregunta incongruente, nada clara y, finalmente, tramposa, pues no condice con la llana intención de llevar a votación la posibilidad de revocar los mandatos del Presidente, del Vicepresidente y de los prefectos del país.
Concretamente, el elector puede estar de acuerdo con el "proceso de cambio", pero no con el Presidente y el Vicepresidente. El referéndum tiene que ser para ratificar o cambiar a las autoridades, no para pronunciarse por "la continuidad del proceso de cambio", como desacertadamente se puede leer en la primera de las preguntas que tiene la boleta de votación.
Antes de ir al referéndum, lo que debe definirse con claridad es si se quiere un diálogo honesto, que sea parte de un acuerdo nacional, o, de lo contrario, llevar al país a la confrontación.
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