uroLos trabajadores municipales, plantearon ayer, “el voto castigo” para el presidente Evo Morales, porque su proyecto de Ley de Pensiones es confiscatorio de los ahorros individuales los cuales se pretende distribuir entre personas que nunca aportaron y por haberlos reprimido en la localidad de Caracollo.
El ejecutivo del Sindicato Mixto de Trabajadores del Municipio, Juan Terceros, dijo que la asamblea realizada ayer en horas de la mañana y que duró aproximadamente 3 horas, decidió que aproximadamente 400 trabajadores del Sindicato Mixto y Obras Públicas, participen de forma obligatoria, en la marcha de protesta convocada por la COB a realizarse hoy en la sede de gobierno en horas de la tarde, caso contrario, serán sujetos a un descuento de 300 bolivianos, por decisión de los mismos trabajadores, dijo Terceros.
Explicó que la actual Ley de Pensiones, establece que los trabajadores deben jubilarse a los 65 años y como en Bolivia, no se tiene un buen nivel de vida para llegar a esos años, la COB, propuso que la jubilación sea a partir de los 55 años tanto para hombres y mujeres, propuesta que debe ser tomada en cuenta por los diputados en el tratamiento del mencionado proyecto de ley.
“El gobierno está desinformando con spots publicitarios cuando dice que los trabajadores, pretenden quitar el aporte individual de cada trabajador, por eso estamos apoyando la propuesta de la COB además de apoyar la derogatoria de la Ley 2027 del Funcionario Público y la abrogatoria del articulo 11 de la Ley 2028”, dijo Terceros.
REPRESION
El ejecutivo del sindicato de trabajadores municipales, manifestó que la represión de la que fueron objeto el pasado lunes, les fortaleció para continuar con las medidas de presión, motivo por el que cada trabajador debe utilizar sus propios recursos para participar en la marcha de protesta a realizarse en La Paz.
Sobre la propuesta del gobierno sobre la Ley de Pensiones, dijo que es demagógica y electoral, motivo por el que no pueden permitir que sus aportes de más de 30 años de trabajo, sean regalados a campesinos y obreros que no aportaron ni un solo centavo en su vida.
“La universalización es una campaña electoral para Evo Morales, yo les digo que antes del 10 de agosto, promulgará esta ley para tener más votos, por eso entre los municipales, hemos decidido dar el voto castigo al presidente, primero por la represión que hemos sufrido en Caracollo y segundo porque quiere quitarnos nuestro ahorro de toda la vida, como trabajadores no debemos permitir la universalización que permitirá distribuir nuestros aporte”, dijo Terceros.
Al retorno de La Paz se asumirá otras medidas como bloqueos, posterior a una asamblea a realizarse el jueves en ambientes del municipio.
Por su parte el secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Bolivia, Godofredo Soto Elío, que participó en la asamblea de los trabajadores municipales, informó que en la marcha de protesta, también participarán trabajadores munícipes de Sucre, Cochabamba y Santa Cruz.
Posteriormente tomarán, de alguna forma, el parlamento nacional para que se apruebe la ley de pensiones propuesta por la COB, que dispone que la jubilación de los trabajadores tanto para hombres y mujeres sea a partir de los 55 años.
“Del proyecto que ha presentado la COB, no se mueve ni un solo punto, porque de modificarse, estaríamos destrozando todo un trabajo de tres años que realizó la comisión tripartita, por eso apoyamos que la jubilación sea a partir de los 55 años y que los trabajadores manejemos nuestros aportes y no el gobierno, el gobierno quiere distribuir nuestros aportes se distribuyan a los compañeros campesinos, fabriles y gremiales y nosotros no estamos de acuerdo con ese punto”, manifestó.
.jpg)
miércoles, 30 de julio de 2008
martes, 29 de julio de 2008
Agrupaciones juveniles paceñas piden la suspensión del Referéndum
El dia de ayer 28 de julio de 2008, las agrupaciones juveniles paceñas:
BASTA YA!!!
UNION PACEÑA DE LA JUVENTUD
ACCION JOVEN BOLIVIA
pidieron que la CORTE NACIONAL ELECTORAL suspenda el Referéndum Revocatorio.
Sólo queda dar batalla
Dentro de la mayor incertidumbre estamos entrando en la recta final de lo que será el descabellado referéndum revocatorio. Al parecer, son pocas las chances para que el disparate se cancele. Mientras escribimos estas líneas, sabemos que la Corte Nacional Electoral (CNE), reunida en sala plena, ha desechado toda posibilidad de postergar o suspender la consulta anticonstitucional. Poco podrán hacer, seguramente, las cortes de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, si respaldan a la de Chuquisaca que se declaró contraria al referéndum. Y menos podrán los alegatos de los juristas y el decreto de la señora Salame.
Pase lo que pase, en los pocos días que quedan por delante para la consulta, ya no vale la pena que nos quejemos más o que esperemos que este desaguisado se arregle por arte de birlibirloque. No sirve seguir insistiendo si fue una burrada la que hizo el Senado dándole todas las ventajas al MAS o que si el referéndum pondrá orden y pacificará el país. Esta consulta infame sólo va a parir más odio. Ese odio incontenible que profesa apasionadamente S.E. y que transmite todos los días, resentido, sin medirse, como ha sido su última arremetida, tan vulgar, contra el Prefecto de Cochabamba.
Así que a dejarse de protestar y a prepararse para la gran batalla que se aproxima. La oposición cuenta hoy con siete prefectos que le están haciendo ver la vida a cuadritos al Gobierno. Éste confía cambiar el escenario y dejar la situación con la cantidad inversa: siete para el oficialismo y dos para la oposición. Parece muy difícil que suceda, pero, fraude por medio, todo es posible, con los millones en cheques oprobiosos y la parición de cédulas quintillizas que se guardan en las incubadoras masistas y que serán decisivas.
Debemos hacer de cuenta que estamos ante un incendio o una inundación. Hay que salvar todo lo que se pueda. Y para eso hay que unirse contra el adversario común. Que se acaben las recriminaciones. Vamos contra quien ha decidido ponernos la pata encima y hacernos gemir. El tiempo que queda es escaso pero todavía se puede librar una formidable batalla. Si por un milagro se pudiera vencer a Evo Morales, éste igual no se iría del Palacio. Sabe que si pierde el poder hoy, no lo recupera más.
Si gana S.E., como parece, al día siguiente se instalarán en las prefecturas unos broncos masistas que, como primera medida, empezarán a desmontar todo cuanto se ha avanzado en el tema autonómico. Las luchas entre las prefecturas y los comités cívicos van a ser sin cuartel y el país entrará en una espiral de violencia, jamás vista. Ante estafa tan monumental, el pueblo no se quedará tranquilo. Ya huele a pólvora todo sitio donde visita S.E.
Queda, empero, la última carta, y es que el vocal Pinheiro renuncie a la CNE. Que la descabece. Que se las juegue. Ese podría ser el milagro.
*Manfredo Kempff S.es escritor y diplomático
Pase lo que pase, en los pocos días que quedan por delante para la consulta, ya no vale la pena que nos quejemos más o que esperemos que este desaguisado se arregle por arte de birlibirloque. No sirve seguir insistiendo si fue una burrada la que hizo el Senado dándole todas las ventajas al MAS o que si el referéndum pondrá orden y pacificará el país. Esta consulta infame sólo va a parir más odio. Ese odio incontenible que profesa apasionadamente S.E. y que transmite todos los días, resentido, sin medirse, como ha sido su última arremetida, tan vulgar, contra el Prefecto de Cochabamba.
Así que a dejarse de protestar y a prepararse para la gran batalla que se aproxima. La oposición cuenta hoy con siete prefectos que le están haciendo ver la vida a cuadritos al Gobierno. Éste confía cambiar el escenario y dejar la situación con la cantidad inversa: siete para el oficialismo y dos para la oposición. Parece muy difícil que suceda, pero, fraude por medio, todo es posible, con los millones en cheques oprobiosos y la parición de cédulas quintillizas que se guardan en las incubadoras masistas y que serán decisivas.
Debemos hacer de cuenta que estamos ante un incendio o una inundación. Hay que salvar todo lo que se pueda. Y para eso hay que unirse contra el adversario común. Que se acaben las recriminaciones. Vamos contra quien ha decidido ponernos la pata encima y hacernos gemir. El tiempo que queda es escaso pero todavía se puede librar una formidable batalla. Si por un milagro se pudiera vencer a Evo Morales, éste igual no se iría del Palacio. Sabe que si pierde el poder hoy, no lo recupera más.
Si gana S.E., como parece, al día siguiente se instalarán en las prefecturas unos broncos masistas que, como primera medida, empezarán a desmontar todo cuanto se ha avanzado en el tema autonómico. Las luchas entre las prefecturas y los comités cívicos van a ser sin cuartel y el país entrará en una espiral de violencia, jamás vista. Ante estafa tan monumental, el pueblo no se quedará tranquilo. Ya huele a pólvora todo sitio donde visita S.E.
Queda, empero, la última carta, y es que el vocal Pinheiro renuncie a la CNE. Que la descabece. Que se las juegue. Ese podría ser el milagro.
*Manfredo Kempff S.es escritor y diplomático
Ideologías versus realidades
En una época como la que estamos viviendo en el país donde con ideologías trasnochadas se pretenden desconocer desastrosas experiencias del pasado y hechos contundentes de la realidad, no podían faltar las voces que exigen la eliminación del actual sistema de capitalización individual y el retorno al sistema de reparto en el sector de pensiones.
Convengamos que en ningún país se ha aplicado o aplica un sistema de pensiones de jubilación perfecto. Sin embargo, es evidente que unos son mejores que otros como es el caso del sistema de capitalización individual en relación al de reparto.
En el sistema de reparto, los trabajadores activos aportaban mensualmente recursos a una bolsa común de la cual se hacían retiros para pagar las pensiones de los trabajadores jubilados. Si un trabajador se jubila con una pensión equivalente al 100% de su último salario y los trabajadores activos aportan un 10% de un salario similar, se requerirían 10 trabajadores activos para cubrir la pensión de ese trabajador jubilado. Pero todo sistema de pensiones debe ser administrado por alguien (recauda los aportes y paga las jubilaciones), lo que tiene un costo. Supongamos que el administrador es transparente y que no se roba nada de los aportes (exactamente lo contrario a lo que hacían los administradores en el anterior sistema de reparto) y que el costo es del 5% (en el anterior sistema de reparto el costo de administración, en algunos casos, llegó a superar el 20%). Bajo los supuestos anteriores, en el sistema de reparto se requerirían 10,5 trabajadores activos que aporten mensualmente para pagarle la pensión de jubilación a un jubilado.
Ahora bien, como se observa en Alemania, Francia, España y Japón, para mencionar sólo algunos países donde el sistema de reparto está en una creciente crisis, cuando una economía se desarrolla suelen presentarse dos efectos sobre la población. Por un lado, tienen menos hijos, lo que disminuye en el tiempo el potencial de trabajadores activos que hacen aportes y, por otro lado, viven más años, lo que demanda mayores recursos para pagar la jubilación, recursos que cada vez son menores por el primer efecto mencionado. Al haber cada vez más jubilados que viven más años y menos trabajadores aportantes, la relación de 10,5 trabajadores activos por un jubilado no es posible de mantener (en España la relación se encuentra en 2 a 1), razón por la cual el sistema de reparto entra en quiebra y el Estado debe cubrir el creciente déficit cobrando más impuestos a los trabajadores y/o aplicando medidas alternativas, como extendiendo la edad a partir de la cual una persona se puede jubilar.
Los sectores que añoran el sistema de reparto argumentan que éste es más solidario que el sistema de capitalización individual, porque quienes trabajan cubren la jubilación de quienes ya no lo hacen. Sin embargo, se olvidan de la triste realidad de un país pobre como Bolivia, donde las personas que perciben menores ingresos viven menos años que las personas que perciben más ingresos. En consecuencia, de retornarse al sistema de reparto en el país, las personas de menos ingresos terminarán financiando la jubilación de las personas de más ingresos. Interesante concepto de solidaridad.
Por sus connotaciones sociales, económicas y financieras, el tema de pensiones requiere ser estudiado, analizado y tratado con seriedad y responsabilidad. El pago de rentas adecuadas a los ciudadanos que han reunido los requisitos para jubilarse, la posibilidad de incrementar el ahorro interno de largo plazo, así como ampliar y mejorar el financiamiento de las actividades productivas, son aspectos cuya significativa importancia supera ampliamente los intereses particulares de ciertos sectores (como el sector del magisterio que tendría algunas obligaciones emergentes del anterior sistema pendientes con el Estado) o el planteamiento de posiciones ideológicas, que al no complementarse con un poco de información, no sólo pretenden desconocer las matemáticas básicas, sino que pueden producir efectos exactamente contrarios a los que, ´al parecer´, se persiguen.
*Armando Álvarez A.es analista económico y financiero. Ex gerente general de la Bolsa Boliviana de Valores
Convengamos que en ningún país se ha aplicado o aplica un sistema de pensiones de jubilación perfecto. Sin embargo, es evidente que unos son mejores que otros como es el caso del sistema de capitalización individual en relación al de reparto.
En el sistema de reparto, los trabajadores activos aportaban mensualmente recursos a una bolsa común de la cual se hacían retiros para pagar las pensiones de los trabajadores jubilados. Si un trabajador se jubila con una pensión equivalente al 100% de su último salario y los trabajadores activos aportan un 10% de un salario similar, se requerirían 10 trabajadores activos para cubrir la pensión de ese trabajador jubilado. Pero todo sistema de pensiones debe ser administrado por alguien (recauda los aportes y paga las jubilaciones), lo que tiene un costo. Supongamos que el administrador es transparente y que no se roba nada de los aportes (exactamente lo contrario a lo que hacían los administradores en el anterior sistema de reparto) y que el costo es del 5% (en el anterior sistema de reparto el costo de administración, en algunos casos, llegó a superar el 20%). Bajo los supuestos anteriores, en el sistema de reparto se requerirían 10,5 trabajadores activos que aporten mensualmente para pagarle la pensión de jubilación a un jubilado.
Ahora bien, como se observa en Alemania, Francia, España y Japón, para mencionar sólo algunos países donde el sistema de reparto está en una creciente crisis, cuando una economía se desarrolla suelen presentarse dos efectos sobre la población. Por un lado, tienen menos hijos, lo que disminuye en el tiempo el potencial de trabajadores activos que hacen aportes y, por otro lado, viven más años, lo que demanda mayores recursos para pagar la jubilación, recursos que cada vez son menores por el primer efecto mencionado. Al haber cada vez más jubilados que viven más años y menos trabajadores aportantes, la relación de 10,5 trabajadores activos por un jubilado no es posible de mantener (en España la relación se encuentra en 2 a 1), razón por la cual el sistema de reparto entra en quiebra y el Estado debe cubrir el creciente déficit cobrando más impuestos a los trabajadores y/o aplicando medidas alternativas, como extendiendo la edad a partir de la cual una persona se puede jubilar.
Los sectores que añoran el sistema de reparto argumentan que éste es más solidario que el sistema de capitalización individual, porque quienes trabajan cubren la jubilación de quienes ya no lo hacen. Sin embargo, se olvidan de la triste realidad de un país pobre como Bolivia, donde las personas que perciben menores ingresos viven menos años que las personas que perciben más ingresos. En consecuencia, de retornarse al sistema de reparto en el país, las personas de menos ingresos terminarán financiando la jubilación de las personas de más ingresos. Interesante concepto de solidaridad.
Por sus connotaciones sociales, económicas y financieras, el tema de pensiones requiere ser estudiado, analizado y tratado con seriedad y responsabilidad. El pago de rentas adecuadas a los ciudadanos que han reunido los requisitos para jubilarse, la posibilidad de incrementar el ahorro interno de largo plazo, así como ampliar y mejorar el financiamiento de las actividades productivas, son aspectos cuya significativa importancia supera ampliamente los intereses particulares de ciertos sectores (como el sector del magisterio que tendría algunas obligaciones emergentes del anterior sistema pendientes con el Estado) o el planteamiento de posiciones ideológicas, que al no complementarse con un poco de información, no sólo pretenden desconocer las matemáticas básicas, sino que pueden producir efectos exactamente contrarios a los que, ´al parecer´, se persiguen.
*Armando Álvarez A.es analista económico y financiero. Ex gerente general de la Bolsa Boliviana de Valores
MARCELO, LUCHO Y ERNESTO
Los tres fueron parte de la historia de Bolivia, los tres fueron asesinados, a pesar que dos nacieron en el extranjero pero sus muertes los convirtieron en bolivianos, los tres nacieron de familias burguesas, Ernesto no conoció a ninguno de los dos, Marcelo asistió al entierro de "lucho" un 24 de marzo, cuatro meses después él es asesinado y lo entierran de la misma forma que Ernesto en una tumba olvidada, sin cruz, sin flores, sin rezos, los tres fueron muertos por el glorioso ejército de Bolivia, hoy décadas después esos generales que fueron los tenientes en la muerte de Lucho y Marcelo son los generales de Evo, los que otorgan el libre albedrío a la esquizofrenia de Evo, esos militares a los que no les tembló el dedo para asesinar a Ernesto, a Lucho y Marcelo hoy espectan y asesoran la creación de organizaciones de jóvenes vagabundos y delincuentes que con plata de la "nacionalización" de YPFB conformaron brigadas de asaltantes de la dignidad asesinos a sueldo de los valores democráticos que a nombre de Evo y del "cambio" (y como cambiamos) son la nueva versión de la violencia por encargo, yo creo que las organizaciones de maleantes y criminales siempre existieron desde épocas remotas y en la política de la misma forma, lo inaceptable es que las bestias de Evo usen los nombres de Marcelo Quiroga Santa Cruz, de Luís Espinal y Ernesto Guevara para bautizar sus bandas de malhechores. Hoy alguien escribió: "Si hubiera entrado a la escuela, que fuera de Evo si en vez de sembrar y vender la hoja estigmatizada hubiera sembrado soya, que fuera de Evo si hubiera tenido una mujer, hijos y una familia, que hubiera sido de Evo si en vez de la corneta, de la pelota, hubiera aprendido a trabajar por un salario, que fuera de Evo si en vez de resentimiento odio y rabia contenida hubiera tenido una legitima reivindicación de luchas sociales, que hubiera sido de Evo si en vez de cholo hubiese sido indígena, que hubiera sido de Evo si en vez de dejarse sodomizar con Chávez se hubiera dejado seducir por su pueblo", yo le respondo hubiera sido el nuevo Mandela que tuviera a los bolivianos alineados para transformar el país, sería la esperanza latinoamericana, no estuviéramos los cruceños buscando desmarcarnos del odio, del atraso, de la vergüenza, de todo lo putrefacto que rodea este gobierno, con Evo no me interesa la patria, usa a los héroes para convertirlos en villanos, hoy ser parte de las brigadas de Ernesto, del Che y de Lucho es sinónimo de ser bandido, de ser delincuente, eso hace Evo de nuestras nuevas generaciones, hace caminos para los perdedores, para los que aspiran a ser Evo que es una especie de camino fácil para que sin estudiar, sembrando veneno, bloqueando el trabajo y pateando a la gente la patria sea de ellos. Definitivamente Evo es un cáncer que camina, ya hizo metástasis en cada partícula de la institución de la patria, muchos se apresuran a contagiarse pues es una opción para no enfrentar el desastre, es hora que nos detengamos a pensar que existimos muchos que no estamos contaminados, que no debemos aceptar dócilmente sus locuras, es hora de organizarse no para cambiar al hombre sino para que nuestros hijos tengan una oportunidad, y mi bronca hoy es con los imbéciles que se atrevieron a poner el nombre de grandes hombres a sus brigadas de cobardes asalariados
Constituir el tribunal
La polémica sobre el valor del decreto del 22 de agosto, firmado por la Dra. Silvia Salame, única magistrada del Tribunal Constitucional, ordenando a la Corte Nacional Electoral la suspensión cautelar del referéndum revocatorio del 10 de agosto, ha vuelto a poner sobre el tapete la grave situación en que se encuentra Bolivia en relación al respeto a la vigente Constitución Política del Estado (CPE).
Una de las grandes conquistas de la democracia política es el estado de derecho que garantiza a la sociedad civil una convivencia justa y pacífica. La Doctrina Social de la Iglesia advierte: ´Es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia, que lo mantengan en su justo límite. Es éste el principio del ´Estado de derecho´, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres´ (CDSI 408). Un avance en este ámbito es el reconocimiento de la primacía de la CPE por encima de otras normas jurídicas, a la cual deben someterse las autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales.
Allí donde se respete la Constitución, los ciudadanos y las instituciones tienen la seguridad de que sus legítimos derechos no serán violados impunemente. Por el contrario, cuando un gobierno, sea del signo que sea, pretende imponer su autoridad por encima de la CPE, se corre el riesgo de caer en la barbarie de los avasallamientos o imposiciones de fuerza, aplastando la justicia y el derecho.
En conformidad con esa doctrina, la actual CPE establece su supremacía: ´La CPE es la Ley suprema del ordenamiento jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones´ (Art. 228).
Para garantizar eficazmente esa supremacía se reconoce al Tribunal Constitucional como órgano ´independiente y sometido sólo a la Constitución´, con sede en la ciudad de Sucre, compuesto por cinco magistrados, designados por el Congreso Nacional por dos tercios de votos de los miembros presentes (Art. 119). Tiene la atribución principal de juzgar sobre la inconstitucionalidad de leyes, decretos y cualquier género de resoluciones no judiciales (Art. 120, 1a).
En la actual situación de Bolivia crece la sospecha de que el Gobierno, basándose en la supuesta legitimidad de haber sido elegido por la mayoría absoluta de los votos, especialmente de la población indígena y de las clases sociales más empobrecidas a las que trata de favorecer, pretende acumular el poder político para, así, implantar su anunciado proyecto socialista comunitario. Una prueba bastante evidente fue la renuncia de los magistrados del Tribunal, quienes acusaron al Gobierno de acoso político para provocar la práctica anulación de ese órgano judicial.
Por todo ello se ve la urgente necesidad de que el Gobierno y las restantes fuerzas políticas hagan todo lo posible para que cuanto antes se constituya el Tribunal de acuerdo con lo dispuesto en la vigente CPE (Arts. 119-121). Sólo de esa manera el Gobierno podrá despejar la sospecha de totalitarismo que cada vez más pesa sobre él. Si quiere pasar a la historia como democrático, debe, posponiendo otros proyectos políticos, incluyendo el revocatorio, instruir a sus parlamentarios para que el Congreso designe a los magistrados que faltan para que el Tribunal pueda sesionar.
Mientras, la extendida duda de inconstitucionalidad no sólo sobre el revocatorio sino también sobre el mismo procedimiento por el cual se aprobó el proyecto de nueva CPE. De otra parte, también es necesario que los estatutos autonómicos se sometan al veredicto del Tribunal. Únicamente así Bolivia podrá volver a la vigencia del estado de derecho.
*Miguel Manzanera es sacerdote.
Una de las grandes conquistas de la democracia política es el estado de derecho que garantiza a la sociedad civil una convivencia justa y pacífica. La Doctrina Social de la Iglesia advierte: ´Es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia, que lo mantengan en su justo límite. Es éste el principio del ´Estado de derecho´, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres´ (CDSI 408). Un avance en este ámbito es el reconocimiento de la primacía de la CPE por encima de otras normas jurídicas, a la cual deben someterse las autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales.
Allí donde se respete la Constitución, los ciudadanos y las instituciones tienen la seguridad de que sus legítimos derechos no serán violados impunemente. Por el contrario, cuando un gobierno, sea del signo que sea, pretende imponer su autoridad por encima de la CPE, se corre el riesgo de caer en la barbarie de los avasallamientos o imposiciones de fuerza, aplastando la justicia y el derecho.
En conformidad con esa doctrina, la actual CPE establece su supremacía: ´La CPE es la Ley suprema del ordenamiento jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones´ (Art. 228).
Para garantizar eficazmente esa supremacía se reconoce al Tribunal Constitucional como órgano ´independiente y sometido sólo a la Constitución´, con sede en la ciudad de Sucre, compuesto por cinco magistrados, designados por el Congreso Nacional por dos tercios de votos de los miembros presentes (Art. 119). Tiene la atribución principal de juzgar sobre la inconstitucionalidad de leyes, decretos y cualquier género de resoluciones no judiciales (Art. 120, 1a).
En la actual situación de Bolivia crece la sospecha de que el Gobierno, basándose en la supuesta legitimidad de haber sido elegido por la mayoría absoluta de los votos, especialmente de la población indígena y de las clases sociales más empobrecidas a las que trata de favorecer, pretende acumular el poder político para, así, implantar su anunciado proyecto socialista comunitario. Una prueba bastante evidente fue la renuncia de los magistrados del Tribunal, quienes acusaron al Gobierno de acoso político para provocar la práctica anulación de ese órgano judicial.
Por todo ello se ve la urgente necesidad de que el Gobierno y las restantes fuerzas políticas hagan todo lo posible para que cuanto antes se constituya el Tribunal de acuerdo con lo dispuesto en la vigente CPE (Arts. 119-121). Sólo de esa manera el Gobierno podrá despejar la sospecha de totalitarismo que cada vez más pesa sobre él. Si quiere pasar a la historia como democrático, debe, posponiendo otros proyectos políticos, incluyendo el revocatorio, instruir a sus parlamentarios para que el Congreso designe a los magistrados que faltan para que el Tribunal pueda sesionar.
Mientras, la extendida duda de inconstitucionalidad no sólo sobre el revocatorio sino también sobre el mismo procedimiento por el cual se aprobó el proyecto de nueva CPE. De otra parte, también es necesario que los estatutos autonómicos se sometan al veredicto del Tribunal. Únicamente así Bolivia podrá volver a la vigencia del estado de derecho.
*Miguel Manzanera es sacerdote.
Cooperativistas sancionaran a quienes no voten por Evo
Los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia decidieron instruir a sus afiliados que voten a favor del presidente Evo Morales en el referéndum revocatorio del 10 de agosto, bajo la advertencia de que serán sancionados quienes no cumplan la orden sindical.
“Tenemos las sanciones correspondientes, las cooperativas serán sancionadas de acuerdo a lo que mandan nuestros estatutos”, anunció ayer el dirigente de este sector, Andrés Villca.
Explicó que la decisión fue adoptada en el último congreso orgánico del sector. “La primera resolución es dar el pleno respaldo a la gestión del presidente Evo Morales. Unánimemente, todas las cooperativas afiliadas deben dar el Sí en el referéndum revocatorio del 10 de agosto”.
“Tenemos las sanciones correspondientes, las cooperativas serán sancionadas de acuerdo a lo que mandan nuestros estatutos”, anunció ayer el dirigente de este sector, Andrés Villca.
Explicó que la decisión fue adoptada en el último congreso orgánico del sector. “La primera resolución es dar el pleno respaldo a la gestión del presidente Evo Morales. Unánimemente, todas las cooperativas afiliadas deben dar el Sí en el referéndum revocatorio del 10 de agosto”.
Gasto millonario en la campaña
Un estudio de la empresa Publimarket difundido ayer por la red Unitel revela que en 10 días el Gobierno y las bases del Movimiento al Socialismo (MAS) gastaron 725.580 dólares en la campaña televisiva a favor del presidente Evo Morales.
El estudio tomó en cuenta a nueve redes televisivas en las que se promueve la campaña oficialista, excepto la gubernamental Televisión Boliviana, que durante esos días emitió 29.285 segundos de publicidad, cuyo costo comercial, tomando en cuenta que el promedio es de 6 dólares por segundo, ascendería a 175.710 dólares americanos.
De acuerdo con el trabajo, en estos 10 días del mes de julio se difundieron 123.900 segundos de publicidad a favor del Jefe de Estado, lo que significa que a diario tres horas y 40 minutos fueron utilizados por estos mensajes, pagados por instituciones gubernamentales y organizaciones sociales como la Confederación Sindical de Colonizadores, la Confederación de Indígenas del Oriente de Bolivia y la Federación de Mujeres Campesinas.
Por ejemplo, el martes 22 de julio, en cuatro canales de televisión, excepto el gubernamental canal 7, se difundieron 135 minutos de publicidad.
El prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, declaró a la red Unitel, una de las incluidas en el estudio, que “deja mucho que pensar el gasto millonario” que está realizando el oficialismo frente al revocatorio.
El estudio tomó en cuenta a nueve redes televisivas en las que se promueve la campaña oficialista, excepto la gubernamental Televisión Boliviana, que durante esos días emitió 29.285 segundos de publicidad, cuyo costo comercial, tomando en cuenta que el promedio es de 6 dólares por segundo, ascendería a 175.710 dólares americanos.
De acuerdo con el trabajo, en estos 10 días del mes de julio se difundieron 123.900 segundos de publicidad a favor del Jefe de Estado, lo que significa que a diario tres horas y 40 minutos fueron utilizados por estos mensajes, pagados por instituciones gubernamentales y organizaciones sociales como la Confederación Sindical de Colonizadores, la Confederación de Indígenas del Oriente de Bolivia y la Federación de Mujeres Campesinas.
Por ejemplo, el martes 22 de julio, en cuatro canales de televisión, excepto el gubernamental canal 7, se difundieron 135 minutos de publicidad.
El prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, declaró a la red Unitel, una de las incluidas en el estudio, que “deja mucho que pensar el gasto millonario” que está realizando el oficialismo frente al revocatorio.
lunes, 28 de julio de 2008
Referndo revocatorio jaqueado por constantes pedidos de suspensión
LA PAZ (AFP) - El referendo revocatorio de mandatos en Bolivia, convocado para el 10 de agosto, permanecía este lunes bajo fuego cruzado por crecientes pedidos de suspensión del proceso en el que el presidente Evo Morales, su vicepresidente y nueve prefectos pondrán en juego sus cargos.
Las cortes electorales de Pando (norte) y Tarija (sur), regiones opositoras al gobernante boliviano, se sumaron a la posición manifestada la semana pasada por sus pares de Chuquisaca (sudeste) y Santa Cruz (este) y de una magistrada del Tribunal Constitucional para parar la consulta popular.
"Lo más favorable en este momento para evitar problemas es pensar en suspender el referendo", afirmó el presidente de la Corte Electoral de Tarija, Miguel Angel Guzmán, quien argumentó que la ley de convocatoria a plebiscito, planteada por el gobierno y avalada por el Congreso, abre "riesgos legales".
El máximo responsable tribunal electoral de Pando, José Valdés, se inclinó a plantear la necesidad "de suspender el referendo para tener tiempo de despejar cualquier duda sobre su validez".
Las principales objeciones de las cortes, partidos de oposición y de cinco prefectos rebeldes pro gobiernos autónomos están dirigidas a resaltar que la revocatoria presidencial no existe como figura legal en la Constitución boliviana, así como los porcentajes que fija la ley que son más benignos para el presidente y que para los prefectos.
Para que procedan las remociones, los votos deben ser superiores a los porcentajes que cada autoridad obtuvo en las elecciones de 2005, cuando el presidente sacó el 53,7% de los sufragios, mientras que todos los prefectos estuvieron entre el 38% y 48%.
Los prefectos opositores de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, pese a sus críticas, dijeron que se someterán al veredicto de las urnas, mientras el gobierno de Morales pisó a fondo el acelerador en su campaña por quedar ratificado en el cargo, a 13 días de la consulta.
El primer presidente indígena de Bolivia acusó el domingo a las cortes electorales de responder a una "estructura neoliberal", porque la mayoría de sus miembros, a quienes no identificó, fueron designados por partidos tradicionales, antes de que él llegue a la presidencia en enero de 2006.
Mientras las cortes electorales expusieron sus reticencias a la consulta, la Corte Nacional Electoral (CNE) ratificó este lunes que mantendrá invariable el referendo, pues -argumentó- emana de una ley aprobada por el Congreso y que sólo otra norma legal puede invalidarla.
Dos de los tres vocales electorales nacionales resolvieron "proseguir en el ámbito de su competencia con todos los actos necesarios y convenientes para la debida realización" del referendo.
Mientras la CNE discutía la resolución, el prefecto opositor de Cochabamba (centro), Manfred Reyes Villa, presentó ante esta entidad un nuevo recurso jurídico para frenar el plebiscito, "porque es ilegal".
El presidente Morales confía que las urnas permitirán la destitución de los prefectos opositores de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, quienes -según él- se oponen a su política gubernamental, con fuerte dosis estatista.
Sin embargo, encuestas de medios privados dudan el cambio de autoridades en Santa Cruz, Beni y Chuquisaca, consideran una incógnita lo que pueda suceder en Tarija, Pando y Cochabamba, mientras que dan por hecho la revocatoria en La Paz, Oruro y Potosí --las dos últimas en manos oficialistas-- por críticas locales a su eficiencia administrativa.
Las cortes electorales de Pando (norte) y Tarija (sur), regiones opositoras al gobernante boliviano, se sumaron a la posición manifestada la semana pasada por sus pares de Chuquisaca (sudeste) y Santa Cruz (este) y de una magistrada del Tribunal Constitucional para parar la consulta popular.
"Lo más favorable en este momento para evitar problemas es pensar en suspender el referendo", afirmó el presidente de la Corte Electoral de Tarija, Miguel Angel Guzmán, quien argumentó que la ley de convocatoria a plebiscito, planteada por el gobierno y avalada por el Congreso, abre "riesgos legales".
El máximo responsable tribunal electoral de Pando, José Valdés, se inclinó a plantear la necesidad "de suspender el referendo para tener tiempo de despejar cualquier duda sobre su validez".
Las principales objeciones de las cortes, partidos de oposición y de cinco prefectos rebeldes pro gobiernos autónomos están dirigidas a resaltar que la revocatoria presidencial no existe como figura legal en la Constitución boliviana, así como los porcentajes que fija la ley que son más benignos para el presidente y que para los prefectos.
Para que procedan las remociones, los votos deben ser superiores a los porcentajes que cada autoridad obtuvo en las elecciones de 2005, cuando el presidente sacó el 53,7% de los sufragios, mientras que todos los prefectos estuvieron entre el 38% y 48%.
Los prefectos opositores de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, pese a sus críticas, dijeron que se someterán al veredicto de las urnas, mientras el gobierno de Morales pisó a fondo el acelerador en su campaña por quedar ratificado en el cargo, a 13 días de la consulta.
El primer presidente indígena de Bolivia acusó el domingo a las cortes electorales de responder a una "estructura neoliberal", porque la mayoría de sus miembros, a quienes no identificó, fueron designados por partidos tradicionales, antes de que él llegue a la presidencia en enero de 2006.
Mientras las cortes electorales expusieron sus reticencias a la consulta, la Corte Nacional Electoral (CNE) ratificó este lunes que mantendrá invariable el referendo, pues -argumentó- emana de una ley aprobada por el Congreso y que sólo otra norma legal puede invalidarla.
Dos de los tres vocales electorales nacionales resolvieron "proseguir en el ámbito de su competencia con todos los actos necesarios y convenientes para la debida realización" del referendo.
Mientras la CNE discutía la resolución, el prefecto opositor de Cochabamba (centro), Manfred Reyes Villa, presentó ante esta entidad un nuevo recurso jurídico para frenar el plebiscito, "porque es ilegal".
El presidente Morales confía que las urnas permitirán la destitución de los prefectos opositores de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, quienes -según él- se oponen a su política gubernamental, con fuerte dosis estatista.
Sin embargo, encuestas de medios privados dudan el cambio de autoridades en Santa Cruz, Beni y Chuquisaca, consideran una incógnita lo que pueda suceder en Tarija, Pando y Cochabamba, mientras que dan por hecho la revocatoria en La Paz, Oruro y Potosí --las dos últimas en manos oficialistas-- por críticas locales a su eficiencia administrativa.
Ecuador: Iglesia católica contraria a proyecto de constitución
QUITO (AP) - La Iglesia Católica expresó el lunes su desacuerdo con el proyecto de nueva Constitución y anunció "una gran catequesis" para alertar sobre "inconsecuencias" respecto al estatismo, al aborto y a la unión entre homosexuales.
"No vamos a hacer una campaña por el 'no'. Vamos a pedir a toda conciencia cristiana que tome nota de las incompatibilidades no negociables de esta Constitución con nuestra fe", aseguró monseñor Antonio Arregui, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
En una rueda de prensa, Arregui difundió las conclusiones a las que llegaron los obispos del país en una asamblea extraordinaria en la que hicieron notar "inconsecuencias" en el proyecto de nueva Constitución y detalló las razones del "desacuerdo" con su contenido.
Criticó el hecho de que el "estatismo parece ser un hilo conductor" en la nueva Carta Magna. También cuestionó que "no se reconoce claramente el derecho a la vida desde la concepción" y se "desdibuja la familia cuando rechaza la existencia de la familia para sustituirla por distintos tipos de familia".
La propuesta de nueva Constitución redactada por la Asamblea Constituyente y auspiciada por el gobierno será sometida a referendo el 28 de septiembre, cuando los ecuatorianos deben aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional.
Arregui apuntó que hay un artículo "ambiguo" sobre el derecho a la vida y señaló que "sin mencionar el término 'aborto' el proyecto constitucional deja la puerta abierta a la supresión de la nueva criatura".
Respecto al artículo de la nueva Constitución que reconoce "la familia en sus diversos tipos" y admite los mismos "derechos y obligaciones" de un matrimonio para "dos personas libres" en unión estable y monógama, Arregui dijo que "una unión entre homosexuales no es familia".
Sobre el hecho de que desde los púlpitos se está alentando a votar por el 'no', Arregui sostuvo que "nos limitaremos a ejercitar nuestro derecho de libre expresión y de expresión también de nuestra creencia religiosa" y anticipó que distribuirán la posición adoptada a través de los canales propios de la Iglesia".
"Ciertamente vamos a hacer una gran catequesis sobre estos valores (cristianos) ... no negociables ... y vamos a tratar de formar las conciencias cristianas en ese sentido. Cada ciudadano será libre de llegar a una conclusión sobre cómo debe votar", puntualizó.
"No vamos a hacer una campaña por el 'no'. Vamos a pedir a toda conciencia cristiana que tome nota de las incompatibilidades no negociables de esta Constitución con nuestra fe", aseguró monseñor Antonio Arregui, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
En una rueda de prensa, Arregui difundió las conclusiones a las que llegaron los obispos del país en una asamblea extraordinaria en la que hicieron notar "inconsecuencias" en el proyecto de nueva Constitución y detalló las razones del "desacuerdo" con su contenido.
Criticó el hecho de que el "estatismo parece ser un hilo conductor" en la nueva Carta Magna. También cuestionó que "no se reconoce claramente el derecho a la vida desde la concepción" y se "desdibuja la familia cuando rechaza la existencia de la familia para sustituirla por distintos tipos de familia".
La propuesta de nueva Constitución redactada por la Asamblea Constituyente y auspiciada por el gobierno será sometida a referendo el 28 de septiembre, cuando los ecuatorianos deben aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional.
Arregui apuntó que hay un artículo "ambiguo" sobre el derecho a la vida y señaló que "sin mencionar el término 'aborto' el proyecto constitucional deja la puerta abierta a la supresión de la nueva criatura".
Respecto al artículo de la nueva Constitución que reconoce "la familia en sus diversos tipos" y admite los mismos "derechos y obligaciones" de un matrimonio para "dos personas libres" en unión estable y monógama, Arregui dijo que "una unión entre homosexuales no es familia".
Sobre el hecho de que desde los púlpitos se está alentando a votar por el 'no', Arregui sostuvo que "nos limitaremos a ejercitar nuestro derecho de libre expresión y de expresión también de nuestra creencia religiosa" y anticipó que distribuirán la posición adoptada a través de los canales propios de la Iglesia".
"Ciertamente vamos a hacer una gran catequesis sobre estos valores (cristianos) ... no negociables ... y vamos a tratar de formar las conciencias cristianas en ese sentido. Cada ciudadano será libre de llegar a una conclusión sobre cómo debe votar", puntualizó.
El Deber: Desconfianza en la consulta
Si algo ha marcado la tensa campaña por el referéndum revocatorio, del próximo 10 de agosto, es un sentimiento de desconfianza. No sólo hay poca fe en la Corte Nacional Electoral y sus departamentales para administrar el proceso. El problema mayor es que un importante segmento de la población no cree que la votación derive en una salida definitiva a la crisis política que afecta desde hace tiempo al país. Es más, el temor de que el Gobierno propicie un fraude está presente en parte de la ciudadanía, como lo refleja el resultado de una reciente encuesta aplicada a escala nacional por la firma Captura Consulting. En ese sentido, seis de cada diez personas en edad de votar consideran que habrá irregularidades el 10 de agosto en las urnas, mientras que sólo tres creen en la transparencia del revocatorio. El estudio de opinión pública, encargado por Usted Decide, también pone en evidencia que el 48% de 1.600 personas entrevistadas a escala nacional opina que el referéndum del próximo 10 de agosto no ayudará a resolver la crisis política que vive el país, mientras que el 31% dijo que puede ser la solución. Como se puede apreciar, no es del todo favorable el clima previo a la consulta, no sólo por el escepticismo que tiene el votante, sino también porque los propios actores políticos han contribuido este último tiempo a sembrar sombras sobre el proceso y las instituciones encargadas de llevarlo a cabo, como son la Corte Nacional Electoral y las departamentales. En el primer caso, el presidente de la CNE, José Luis Exeni, parece haber perdido hace tiempo la credibilidad que debe tener el árbitro de todos los procesos electorales, por su conducta, que es interpretada por la oposición política como de subordinación absoluta a los intereses del Gobierno. Los cuestionamientos a Exeni se han dado fundamentalmente por su oposición a los referéndums departamentales sobre los estatutos autonómicos y su defensa del referéndum revocatorio. En el segundo caso, el propio presidente Evo Morales se ha encargado de erosionar la credibilidad de los vocales de las cortes departamentales, sobre todo las de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Pando y Tarija, a los que ha calificado de ‘neoliberales’ en su discurso durante un acto proselitista.A estas alturas, cuando quedan menos de dos semanas para la consulta nacional, siguen habiendo dudas sobre la realización del referéndum, luego de la reciente aprobación de un decreto por parte de una magistrada del Tribunal Constitucional, que sugiere dejar en suspenso el proceso hasta que el plenario del TC se pronuncie sobre su validez jurídica o no. Al parecer, sin darse cuenta, en las últimas horas el presidente Evo Morales ha hecho un flaco favor al proceso que él mismo impulsa, al generar dudas sobre la credibilidad de las cortes departamentales electorales. Por si fuera poco, semanas atrás, han aparecido denuncias sobre irregularidades en el registro ciudadano para votar. En la recta final de la campaña deberían ser otros los temas centrales de la agenda proselitista con miras al 10 de agosto. Sin embargo, lo que prevalece aún es la desconfianza en este nuevo proceso electoral.
Editorial El Mundo: Lo que quiere la gente
Sucede que la gente, los ciudadanos, los pueblos, o los movimientos sociales no siempre se encuentran en la sintonía de los gobiernos y en menor escala de los líderes regionales. Ellos -la gente- tienen su propia agenda que empieza en la casa, en el trabajo, en el bienestar y más tarde en la región, por el país y luego por la protección de la naturaleza y los animalitos. Los cruceños están seguros de lo que quieren : "la autonomía, el respeto y la forma de creer y trabajar" y para ello crearon su propio proyecto que estuvo a la cabeza de Rubén por que por alguna causa motivo o razón fue el hombre del eslabón de la unidad cruceña, en él capitalinos y provincianos confiaron una y otra vez y más tarde sin declinar, los ciudadanos se preparan para el plebiscito que se inventó Evo para creer que lo siguen amando, la gente sabe todo el génesis de este referéndum y saben que votaran por Rubén Si y por Evo No, lo que no quieren saber es que se los convoque -así como convocaba el pastorcito mentiroso- a salir a las calles, a asistir a los cabildos y concentraciones, no quieren quemar posibilidades por que definitivamente la gente se cansa, se agota de correr por el voto y luego nos dicen que tardará 10 años en implementarse, la gente saldrá en su momento no a la campaña sino le responderá a la prepotencia como lo hizo en Viru Viru, y lo hará cuando las uñas de Evo Morales atenten contra lo nuestro ya sea institucional, simbólico, o patrimonial. La gente sabe votar, sabe distinguir, es por eso que Evo y sus cómplices como "Tuto" aprueban leyes amañadas, nos obligan a jugar con dados cargados, sin posibilidades de revertir el tablero. La desesperación de Evo por el referéndum es la única posibilidad para recuperar el terreno perdido en los referéndum por los estatutos, es la bisagra que pretende hacer que su constitución sea legitimizada, del hastío de la gente no tiene la culpa la lentitud de Rubén que para bien o para mal no cuenta con la malicia y el manipuleo que la práctica les da a los políticos y es esa ingenuidad la que debemos aprovechar, es esa ausencia de malicia y oportunismo que debemos utilizar para darle a la gente una dosis de esperanza, sabemos que Rubén es hombre de pocas palabras pero con una intuición y sentencias que lo llevaron a convertirse en la opción diferente al proyecto esquizofrénico de Evo logrando dejar o poniendo detrás de él a proyectos políticos individuales como Manfred, Mario y Leopoldo animales políticos por esencia que reconocen el instinto de Rubén, es por eso que no se puede dar espacio al enemigo (hoy por hoy Evo es el enemigo de Santa Cruz y de la patria toda) por que no puede ser viable hacer una nación sobre el polvo de otra, no se puede hacer leyes desconociendo las existentes, no se puede hacer empresa destruyendo las existentes, no se puede dar autoridad desconociendo las que existe, es por eso que la opción de Evo fracasará, está destinada a perecer, de caudillos, de dictadores este país sabe mucho y Evo no cuenta con la estatura moral o revolucionaria de hacer cambio. La gente no es borrego, la gente no son bueyes, la gente sabe donde está el horizonte de la racionalidad y es por eso que no existe la posibilidad de que la gente se equivoque, puede que no esté contenta pero no negociará su voluntad autonomista de gritar, ya no se puede caminar con los que retroceden.
Savina Cuéllar: Yo voté por Evo pero ahora quiero votar en su contra
Ayer la prefecta de Chuquisaca con su característico acento de mujer del campo, estuvo en Santa Cruz, donde en sus declaraciones dijo que el presidente Morales se volvió racista y discriminador, ademas de declararse rotundamente en contra del referéndum revocatorio porque lo considera ilegal y no necesario. Recordó que los golpes a los campesinos el pasado mes de mayo ahora es llevado como bandera política por el actual gobierno siendo que antes se utilizó a campesinos como los ponchos rojos que fueron llevados a Sucre en el mas de noviembre cuando se tuvo los enfrentamientos cuando ella era una asambleísta que estaba en contra de sus propia tienda política por la fue elegida. Sabina Cuellar dijo estar viendo que el presidente se quiere apoderar en el pais con una visión dictatorial y que al parecer le gustado gastar dinero que no son del el y que quien sabe amas adelante podrían traer consecuencias al país. Dijo estar preocupada por la forma en la que el presidente se desenvuelve en el país, ademas de la falta del Tribunal Constitucional. “Yo estoy preocupada porque desde el principio no estuve de acuerdo con el referéndum revocatorio, lo digo porque es inconstitucional es ilegal porque no hay tribunal Constitucional, y porque no lo nombran, entonces por eso doña Silvia salame ha visto por conveniente paralizarlo. Por eso yo apoyo a Doña Silvia Salame, porque les gusta botar plata, porque antes cuando era diputado agarro plata, entonces le ha gustado gastar plata, ahora ya le gusta, por eso los chuquisaqueños no estamos de acuerdo con el revocatorio, porque hay un manejo ilegal de todo” dijo la prefecta Cuellar.
La Lotería Nacional y la corrupción
Una de las fuentes de corrupción más conocidas a lo largo de la historia del país es la Lotería Nacional, un campo donde el prestigio de muchos políticos del pasado —y parece que también del presente— se juega con cartas extremadamente peligrosas.
La destitución del director de la Lotería, Álvaro Antelo, es una muestra de que algunos funcionarios del Gobierno pisaron la misma cáscara de plátano que otros gobiernos anteriores.
Antelo ha denunciado a Oswaldo Chato Peredo, hermano del senador Antonio Peredo, vinculado a las guerrillas de los años 60, de haberlo sometido a presiones para lograr la autorización de funcionamiento de casinos y casas de juego.
Hay más de dos ministros cuyos nombres han sido aludidos en este torbellino de denuncias que perjudica a un gobierno que había prometido combatir la corrupción dondequiera que ella se encuentre. Con tal antecedente, el Ejecutivo haría bien en promover el esclarecimiento total de este caso, sin permitir que ninguno de los involucrados quede libre de castigo.
Cabe recordar que la Lotería Nacional tiene además propósitos de beneficencia y solidaridad, y esta característica debería mantenerse, si es que la asfixia económica a la que se ha visto sometida por parte los corruptos así se lo permite.
Para enfrentar este tipo de situaciones, el gobierno de Evo Morales deberá comprometerse seriamente a combatir los centros generadores de corrupción, como ser la Aduana y Lotería, dejándolos, para comenzar, en manos de directorios con participación de instituciones reconocidas. Las decisiones deberían ser tomadas por consenso dentro de esos consejos.
Pero, como una solución inmediata, se podría proceder con una forma de lavar la imagen deteriorada de la actual gestión ofreciendo un informe completo sobre la Lotería, con políticas claras que reconduzcan la administración a partir de ahora.
El Gobierno está a tiempo de demostrar que sus anuncios de combate a la corrupción no han sido un embuste para captar votos. Los bolivianos comienzan a pensar que, como en otras gestiones, se ha tomado a la Lotería como botín político. Pues, deberán convencerlos de que no es así.
La destitución del director de la Lotería, Álvaro Antelo, es una muestra de que algunos funcionarios del Gobierno pisaron la misma cáscara de plátano que otros gobiernos anteriores.
Antelo ha denunciado a Oswaldo Chato Peredo, hermano del senador Antonio Peredo, vinculado a las guerrillas de los años 60, de haberlo sometido a presiones para lograr la autorización de funcionamiento de casinos y casas de juego.
Hay más de dos ministros cuyos nombres han sido aludidos en este torbellino de denuncias que perjudica a un gobierno que había prometido combatir la corrupción dondequiera que ella se encuentre. Con tal antecedente, el Ejecutivo haría bien en promover el esclarecimiento total de este caso, sin permitir que ninguno de los involucrados quede libre de castigo.
Cabe recordar que la Lotería Nacional tiene además propósitos de beneficencia y solidaridad, y esta característica debería mantenerse, si es que la asfixia económica a la que se ha visto sometida por parte los corruptos así se lo permite.
Para enfrentar este tipo de situaciones, el gobierno de Evo Morales deberá comprometerse seriamente a combatir los centros generadores de corrupción, como ser la Aduana y Lotería, dejándolos, para comenzar, en manos de directorios con participación de instituciones reconocidas. Las decisiones deberían ser tomadas por consenso dentro de esos consejos.
Pero, como una solución inmediata, se podría proceder con una forma de lavar la imagen deteriorada de la actual gestión ofreciendo un informe completo sobre la Lotería, con políticas claras que reconduzcan la administración a partir de ahora.
El Gobierno está a tiempo de demostrar que sus anuncios de combate a la corrupción no han sido un embuste para captar votos. Los bolivianos comienzan a pensar que, como en otras gestiones, se ha tomado a la Lotería como botín político. Pues, deberán convencerlos de que no es así.
Paradero de Flores es una misterio y el gobierno dice que no murió
El paradero del subteniente Ramiro Oswaldo Flores Montaño, el militar que supuestamente acompañó al principal acusado de atentar contra el canal 4 de Yacuiba (Tarija) el 22 de junio —Georges Nava— es un misterio, aunque el Gobierno afirma que no está muerto y la oposición presume que está en Venezuela.
Tras el atentado al medio de comunicación, se conoció que él acompañó a Nava y arrendó el vehículo en el que supuestamente se atentó contra la Red Unitel. Luego, Flores fugó de la explosión y hasta ahora no aparece.
Hace dos semanas surgió la información de que había sido asesinado. En aquella oportunidad, el vocero presidencial, Iván Canelas, dijo que el desaparecido “estaba bien”.
El martes, Canelas señaló que “no está muerto... En Bolivia cualquier muerto tiene que ir a la morgue y si ustedes van a la Policía, nunca se encontró el cuerpo de este subteniente”, afirmó.
Asimismo, el presidente de la comisión del Senado que investiga el atentado, Wálter Guiteras, afirmó que no sabe con certeza dónde se encuentra Flores; sin embargo, “informes extraoficiales dan cuenta que hubiera sido llevado a Venezuela”.
Canelas complementó que una persona no viene sola al mundo. “Si uno desaparece, los familiares lo denuncian y en el caso del subteniente Flores, su familia nunca dijo si desapareció, si murió o no (...) No me pida que adivine, pero lo que está claro es que si hubiera muerto se hubiese sabido rápidamente porque tiene familiares, de manera que sólo son especulaciones”.
El lunes, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Luis Trigo, en una reunión con la comisión del Senado manifestó que Flores Montaño se encontraba en su respectivo destino y unidad, según informó Guiteras. “Insistimos en el tema de Flores Montaño, no quiso decir en qué guarnición (está)”, manifestó.
Asimismo, el fiscal asignado al caso, Diego Choque, aseguró que no sabe dónde está el subteniente Flores. “Por referencias y por medios de comunicación sabemos que estaría por el Beni, pero algo oficial no (existe)”.
Informó que su despacho envió al menos cinco notas al Comando General de las Fuerzas Armadas para obtener datos sobre el prófugo, sin embargo no recibió ninguna respuesta.
“Queremos saber si efectivamente es militar, si pertenece al Ejército, si estaba destinado por alguna comisión o tenía una orden de traslado a Yacuiba”.
Según la comisión de investigación del Senado, Flores Montaño tiene dos implicancias en el atentado de Yacuiba. “Fue el que recibió la vagoneta en la que Nava hizo el atentado, por tanto es quien recibe la cooperación de la embajada venezolana”, dijo.
Por otro lado, según Guiteras, existe una filmación donde Flores aparece en una especie de cuartel en Trinidad (Beni).
Además de esos antecedentes, para la oposición Flores cumplía funciones de desestabilización de los procesos autonómicos aún como militar activo y destinado al Palacio de Gobierno.
Sin embargo, con todas las pruebas encontradas en su contra, Guiteras señaló que el subteniente Flores “tiene derecho a su defensa y hay que llamarlo a una declaración para que nos pueda explicar y se pueda respaldar la prueba. Una vez que lo tengamos vamos a tomar una decisión”, manifestó el senador.
El fiscal Choque aseguró que actualmente se busca a Flores Montaño, pero que no se puede emitir un mandamiento de aprehensión mientras no se lo notifique personalmente.
“Pedimos la cooperación de los fiscales de distrito de todas las ciudades, de la misma manera a la FELCC, (fuerza anticrimen) para tratar de encontrarlo. Ahora que no haya la voluntad, ya es otra cosa”, aseguró Choque.
Guiteras precisó que el subteniente Flores “es el hombre más importante” para esclarecer el caso. Pero hizo notar que la comisión que investiga tiene sus propios procedimientos.
“Lo que menos queremos hacer es dar pasos en falso y que (Flores) pase a la letra ‘e’ de disponibilidad o a la justicia ordinaria sin que hubiera ejercido el derecho de ser escuchado”, dijo.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, hizo pública una fotografía, hace tres semanas, en la que aparece el jefe nacional de Podemos, Jorge Quiroga, junto a los subtenientes Flores Montaño y Ronald Valdivia. Al respecto, el senador Roberto Yáñez dijo que es un show político para cubrir la esencia del caso.
El vocero presidencial afirmó que Flores no está muerto. Señaló que incluso él lo aclaró en un medio de comunicación.
“Ratificamos nuestra posición de que sea la justicia la que ventile de la manera más transparente y que los que dicen tener pruebas que las presenten y pasen a la justicia”, señaló Canelas.
El fiscal Choque afirmó que se necesita que el Ejército certifique que Flores forma parte de la unidad castrense.
“Debería (el Ejército) decir a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió, de lo contrario el Ejército se verá comprometido. Debería esclarecer, de lo contrario perdería credibilidad por las maniobras que está realizando”.
El ex comandante del Ejército Marcelo Antezana afirmó que la declaración del subteniente Flores Montaño es clave porque en algún momento se tiene que saber la verdad. “Se trata de un coautor, si hay la evidencia que estuvo en la zona. El comandante del Ejército debe certificar el destino de este oficial”, dijo.
EL PERFIL
Nacimiento • El subteniente del Ejército, Ramiro Oswaldo Flores Montaño, nació en el departamento de Cochabamba, según contaron a este medio fuentes militares que guardaron su identidad.
Destinos • Una vez que egresó del Colegio Militar, su primer destino fue el Regimiento Colorados, después pasó al grupo contraterrorista “Fuerza 10”, más tarde se fue hasta una guarnición militar en la población de Colchaca (frontera con Chile) y el destino más reciente fue, de nuevo, el Colorados.
Chachapuma • Según un documento que publicó Podemos, Flores Montaño pertenecería a la Fuerza Contraterrorista Conjunta Chachapuma.
“Si uno desaparece, la familia denuncia, en el caso del subteniente Flores su familia nunca dijo si desapareció, si murió o no”. (Canelas)
“El Ejército debería decir a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió, de lo contrario se verá comprometido y perderá credibilidad”. (Choque)
Tras el atentado al medio de comunicación, se conoció que él acompañó a Nava y arrendó el vehículo en el que supuestamente se atentó contra la Red Unitel. Luego, Flores fugó de la explosión y hasta ahora no aparece.
Hace dos semanas surgió la información de que había sido asesinado. En aquella oportunidad, el vocero presidencial, Iván Canelas, dijo que el desaparecido “estaba bien”.
El martes, Canelas señaló que “no está muerto... En Bolivia cualquier muerto tiene que ir a la morgue y si ustedes van a la Policía, nunca se encontró el cuerpo de este subteniente”, afirmó.
Asimismo, el presidente de la comisión del Senado que investiga el atentado, Wálter Guiteras, afirmó que no sabe con certeza dónde se encuentra Flores; sin embargo, “informes extraoficiales dan cuenta que hubiera sido llevado a Venezuela”.
Canelas complementó que una persona no viene sola al mundo. “Si uno desaparece, los familiares lo denuncian y en el caso del subteniente Flores, su familia nunca dijo si desapareció, si murió o no (...) No me pida que adivine, pero lo que está claro es que si hubiera muerto se hubiese sabido rápidamente porque tiene familiares, de manera que sólo son especulaciones”.
El lunes, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Luis Trigo, en una reunión con la comisión del Senado manifestó que Flores Montaño se encontraba en su respectivo destino y unidad, según informó Guiteras. “Insistimos en el tema de Flores Montaño, no quiso decir en qué guarnición (está)”, manifestó.
Asimismo, el fiscal asignado al caso, Diego Choque, aseguró que no sabe dónde está el subteniente Flores. “Por referencias y por medios de comunicación sabemos que estaría por el Beni, pero algo oficial no (existe)”.
Informó que su despacho envió al menos cinco notas al Comando General de las Fuerzas Armadas para obtener datos sobre el prófugo, sin embargo no recibió ninguna respuesta.
“Queremos saber si efectivamente es militar, si pertenece al Ejército, si estaba destinado por alguna comisión o tenía una orden de traslado a Yacuiba”.
Según la comisión de investigación del Senado, Flores Montaño tiene dos implicancias en el atentado de Yacuiba. “Fue el que recibió la vagoneta en la que Nava hizo el atentado, por tanto es quien recibe la cooperación de la embajada venezolana”, dijo.
Por otro lado, según Guiteras, existe una filmación donde Flores aparece en una especie de cuartel en Trinidad (Beni).
Además de esos antecedentes, para la oposición Flores cumplía funciones de desestabilización de los procesos autonómicos aún como militar activo y destinado al Palacio de Gobierno.
Sin embargo, con todas las pruebas encontradas en su contra, Guiteras señaló que el subteniente Flores “tiene derecho a su defensa y hay que llamarlo a una declaración para que nos pueda explicar y se pueda respaldar la prueba. Una vez que lo tengamos vamos a tomar una decisión”, manifestó el senador.
El fiscal Choque aseguró que actualmente se busca a Flores Montaño, pero que no se puede emitir un mandamiento de aprehensión mientras no se lo notifique personalmente.
“Pedimos la cooperación de los fiscales de distrito de todas las ciudades, de la misma manera a la FELCC, (fuerza anticrimen) para tratar de encontrarlo. Ahora que no haya la voluntad, ya es otra cosa”, aseguró Choque.
Guiteras precisó que el subteniente Flores “es el hombre más importante” para esclarecer el caso. Pero hizo notar que la comisión que investiga tiene sus propios procedimientos.
“Lo que menos queremos hacer es dar pasos en falso y que (Flores) pase a la letra ‘e’ de disponibilidad o a la justicia ordinaria sin que hubiera ejercido el derecho de ser escuchado”, dijo.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, hizo pública una fotografía, hace tres semanas, en la que aparece el jefe nacional de Podemos, Jorge Quiroga, junto a los subtenientes Flores Montaño y Ronald Valdivia. Al respecto, el senador Roberto Yáñez dijo que es un show político para cubrir la esencia del caso.
El vocero presidencial afirmó que Flores no está muerto. Señaló que incluso él lo aclaró en un medio de comunicación.
“Ratificamos nuestra posición de que sea la justicia la que ventile de la manera más transparente y que los que dicen tener pruebas que las presenten y pasen a la justicia”, señaló Canelas.
El fiscal Choque afirmó que se necesita que el Ejército certifique que Flores forma parte de la unidad castrense.
“Debería (el Ejército) decir a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió, de lo contrario el Ejército se verá comprometido. Debería esclarecer, de lo contrario perdería credibilidad por las maniobras que está realizando”.
El ex comandante del Ejército Marcelo Antezana afirmó que la declaración del subteniente Flores Montaño es clave porque en algún momento se tiene que saber la verdad. “Se trata de un coautor, si hay la evidencia que estuvo en la zona. El comandante del Ejército debe certificar el destino de este oficial”, dijo.
EL PERFIL
Nacimiento • El subteniente del Ejército, Ramiro Oswaldo Flores Montaño, nació en el departamento de Cochabamba, según contaron a este medio fuentes militares que guardaron su identidad.
Destinos • Una vez que egresó del Colegio Militar, su primer destino fue el Regimiento Colorados, después pasó al grupo contraterrorista “Fuerza 10”, más tarde se fue hasta una guarnición militar en la población de Colchaca (frontera con Chile) y el destino más reciente fue, de nuevo, el Colorados.
Chachapuma • Según un documento que publicó Podemos, Flores Montaño pertenecería a la Fuerza Contraterrorista Conjunta Chachapuma.
“Si uno desaparece, la familia denuncia, en el caso del subteniente Flores su familia nunca dijo si desapareció, si murió o no”. (Canelas)
“El Ejército debería decir a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió, de lo contrario se verá comprometido y perderá credibilidad”. (Choque)
A Tarija le roban el proyecto LNG y ahora el de GLP
Zoom EnergetikonPor: Boris Gómez Uzqueda (*)Me adscribo a la incredulidad del gobernador de Tarija en sentido de que ésta administración gubernamental no logrará consolidar el estudio para una “gran planta de GLP (gas licuado de petróleo) en Tarija” que sería “la más grande de Bolivia”, estudio que ni empezó ni toma en cuenta el proyecto prefectural ya elaborado hace más de dos años.En todo caso esto es apenas un acápite del gran daño que Tarija sufre por la “nacionalización”. De haber corrido el proyecto LNG (liquid natural gas) en su momento, ahora estaríamos iniciado los prolegómenos de una política de industrialización: de electricidad a partir de gas, de plásticos, de combustibles (tipo GTL gas to liquids) y con mercados cercanos tan necesitados de electricidad, de gas y de líquidos. Para que nos termine de dar rabia: los precios internacionales de líquidos están en su mejor momento (no sólo de barril de petróleo, ni de millar de BTU british termal unit de gas), sino de los combustibles: el diesel que tanto requiere Brasil para sus generadoras de electricidad o Chile con igual propósito cuesta en el mercado internacional USD 165 por bbl (barril). Y Argentina prefiere pagar 17 USD por millar BTU de gas y asegurarse provisión en vez de sufrir malabarismos y recortes de su proveedor boliviano.Tratemos de entender la incongruencia de la “política energética” del totalitarismo: prometen una planta de GLP a Tarija pero por otro lado anuncia inversión de 86 millones de dólares para la construcción de la separadora de GLP y gasolina natural en Río Grande (Cordillera) pero utilizando gas extraído del Chaco en Tarija. La “movida” es sencilla: los autoritarios quieren confrontar a Tarija con Santa Cruz, pero olvidan que el proyecto de geoestratégica energética boliviana incluye de manera coordinada a Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, unión de regiones productoras de hidrocarburos. La planta de Río Grande, concretamente, se reclamó siempre porque era una necesidad para evitar que la corriente del GSA (gas sales agreement contrato de venta de gas a Brasil) se lleve licuables que bien podrían ser utilizados en el mercado interno sin afectar la calidad del gas exportado. En todo caso éste es un proyecto chico comparable con el LNG o la industrialización que se le robó a Tarija y de la que hemos hablado ampliamente.Si bien es cierto que el país necesita cubrir su demanda interna de GLP (100 000 garrafas/día tope con la producción) no es menos importante señalar que el cambio de matriz energética en el país aún no operó. El uso de gas no está “democratizado”, debiéndose haberlo direccionado a generación de electricidad para reducir consumo de GLP o de gas por redes.La promesa del régimen referida a la construcción de “otra” planta de GLP que dicen será para la provincia Gran Chaco no es creíble y es una postura –como dijo el gobernador de Tarija- “antitarijeña” que muestra a todas luces el régimen autoritario.En todo caso el tema no va por allí: en la “nacionalización” los totalitarios prometieron “industrialización” de gas en valor agregado, adicionalmente exportación de excedentes vía LNG. Obviamente éstos procesos implican reservas certificadas, producción garantizada, excedentes en reservorios, mercados seguros, contratos pactados e inversiones globales. Nada de eso existe en Bolivia por lo pronto, y sólo como ejemplo valga redundar que el proyecto de LNG chaqueño para México y Estados Unidos –que hubiera arrancado con éxito de haber primado la visión grande- tendrá modelos empresariales parecidos de pronto desarrollo en América del Sur.Chile (en su puerto de Quintero) y Argentina (en Bahía Blanca) impulsan a paso largo sus proyectos de LNG, ante la incertidumbre de adquirir gas boliviano. Aquí Tarija hubiera jugado un rol importante, pero primero le roban su proyecto de LNG y luego su proyección de venta de gas excedentario (vía combustibles o electricidad) a Chile y Argentina. Ya dijimos que “gracias” a la nacionalización Argentina paga USD 17 por millar BTU por el LNG que adquiere (para tapar un déficit de más o menos 24 millones de metros cúbicos día), pudiendo adquirir electricidad y gas en el mercado tarijeño. Claro eso sería factible de no ser por el autoritarismo cavernario que impide el desarrollo nacional y ahora latinoamericano.Desde Tarija un “muchas gracias” al autoritarismo por romper el desarrollo tarijeño, por liquidar el desarrollo boliviano y por perjudicar al progreso latinoamericano perpetuándonos en la pobreza.(*) Master en Administración, técnico en dirección de compañías de gas y petróleo, consultor del sector privado.
Las cortes acorralan a la CNE: esta vez debido a las fórmulas
A 14 días del referéndum revocatorio y luego de que al menos seis cortes departamentales electorales anunciaron que analizarán el futuro de la consulta, estas entidades advierten ahora a la Corte Nacional Electoral (CNE) que la fórmula para el cálculo de los votos en favor y/o en contra de las autoridades podría traer problemas en las regiones.
Los representantes de los órganos electorales adelantan que no se responsabilizarán de estos hechos y que deberá ser la CNE la que responda por ellos.
En las cortes de Beni, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, Pando y Tarija coinciden en que la CNE debe garantizar que se aclaren las dudas sobre la fórmula del revocatorio. El titular de Cochabamba, Joaquín Pérez, afirmó ayer que “hay dudas en la aplicación de esta ley”.
La norma vigente plantea que el revocatorio se dará si se supera el número absoluto y porcentaje de votos con los que fueron elegidas las autoridades. El presidente de la Corte de Pando, Elías Valdez, plantea que se “modifique la ley para que nos den seguridad a las cortes, pues vamos a ir ¿al porcentaje o al absoluto?”.
“Si el prefecto Leopoldo Fernández gana con 51% y tiene 49% en contra, se va. Te aseguro que ellos van a ir al principio democrático del 50% más uno; va a haber problemas. En el caso del Presidente pasará lo mismo”, dijo. Desde Beni, la presidenta de la Corte, Zulema Gutiérrez, coincidió en estas observaciones y ante ello anunció que pedirán la suspensión del revocatorio hasta tanto se aclaren “estas dudas técnicas” y otras planteadas a una norma que “genera incertidumbre en la ciudadanía”.
La Corte de Chuquisaca, a la que se suman Tarija, Beni y Pando, además del vicepresidente de la CNE, Jerónimo Pinheiro, piden suspender la consulta hasta que se resuelvan los cuestionamientos surgidos. La sala plena del órgano electoral analiza hoy este pedido, confirmó el vocero de la institución, Rubén Martínez.
En tanto que Pinheiro afirmó que se convocó a los presidentes de las nueve cortes para analizar el tema del referéndum. “Eso vamos a tratar mañana”, dijo.
Los pronunciamientos se dan luego que la magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, recomendó al presidente de la CNE, José Luis Exeni, suspender el revocatorio hasta que se defina su constitucionalidad. Exeni, sin aval de la sala plena, decidió rechazar la recomendación, hecho que fue cuestionado por las cortes departamentales.
Pérez dijo que el 13 de mayo, después de que la norma entró en vigencia, advirtió a Exeni sobre los riesgos, porque la ley no es clara y abre la posibilidad de que “los resultados sean interpretados en función a intereses”.
Anunció que las observaciones volverán a ser planteadas al ente electoral. Su colega de Tarija, Miguel Ángel Guzmán, añadió a las dudas el hecho de “quién va a decir quién ganó o perdió”, y advirtió que esto puede derivar en un “Armagedón”.
De no darse estas garantías “deslindamos cualquier responsabilidad de lo que pueda pasar”, afirmó Valdez en coincidencia con Gutiérrez, quien dijo: “Nosotros nos eximimos de cualquier responsabilidad” si no “nos dan reglas claras”. El presidente de la Corte de Santa Cruz, Mario Orlando Parada, aseguró que “la CNE tiene que resolver de la mejor manera (este asunto) para que el pueblo sea el beneficiario”.
El vicepresidente Álvaro García demandó a las cortes dejar las interpretaciones y acatar la ley; y el presidente Evo Morales llamó a los prefectos a someterse al referéndum porque frenarlo es “como un golpe de Estado”.
“Deslindamos cualquier responsabilidad de lo que pueda pasar” tras la consulta del 10 de agosto.Elías Valdez, presidente de la Corte Electoral de Pando, sobre posibles conflictos derivados del referéndum.
Los representantes de los órganos electorales adelantan que no se responsabilizarán de estos hechos y que deberá ser la CNE la que responda por ellos.
En las cortes de Beni, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, Pando y Tarija coinciden en que la CNE debe garantizar que se aclaren las dudas sobre la fórmula del revocatorio. El titular de Cochabamba, Joaquín Pérez, afirmó ayer que “hay dudas en la aplicación de esta ley”.
La norma vigente plantea que el revocatorio se dará si se supera el número absoluto y porcentaje de votos con los que fueron elegidas las autoridades. El presidente de la Corte de Pando, Elías Valdez, plantea que se “modifique la ley para que nos den seguridad a las cortes, pues vamos a ir ¿al porcentaje o al absoluto?”.
“Si el prefecto Leopoldo Fernández gana con 51% y tiene 49% en contra, se va. Te aseguro que ellos van a ir al principio democrático del 50% más uno; va a haber problemas. En el caso del Presidente pasará lo mismo”, dijo. Desde Beni, la presidenta de la Corte, Zulema Gutiérrez, coincidió en estas observaciones y ante ello anunció que pedirán la suspensión del revocatorio hasta tanto se aclaren “estas dudas técnicas” y otras planteadas a una norma que “genera incertidumbre en la ciudadanía”.
La Corte de Chuquisaca, a la que se suman Tarija, Beni y Pando, además del vicepresidente de la CNE, Jerónimo Pinheiro, piden suspender la consulta hasta que se resuelvan los cuestionamientos surgidos. La sala plena del órgano electoral analiza hoy este pedido, confirmó el vocero de la institución, Rubén Martínez.
En tanto que Pinheiro afirmó que se convocó a los presidentes de las nueve cortes para analizar el tema del referéndum. “Eso vamos a tratar mañana”, dijo.
Los pronunciamientos se dan luego que la magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, recomendó al presidente de la CNE, José Luis Exeni, suspender el revocatorio hasta que se defina su constitucionalidad. Exeni, sin aval de la sala plena, decidió rechazar la recomendación, hecho que fue cuestionado por las cortes departamentales.
Pérez dijo que el 13 de mayo, después de que la norma entró en vigencia, advirtió a Exeni sobre los riesgos, porque la ley no es clara y abre la posibilidad de que “los resultados sean interpretados en función a intereses”.
Anunció que las observaciones volverán a ser planteadas al ente electoral. Su colega de Tarija, Miguel Ángel Guzmán, añadió a las dudas el hecho de “quién va a decir quién ganó o perdió”, y advirtió que esto puede derivar en un “Armagedón”.
De no darse estas garantías “deslindamos cualquier responsabilidad de lo que pueda pasar”, afirmó Valdez en coincidencia con Gutiérrez, quien dijo: “Nosotros nos eximimos de cualquier responsabilidad” si no “nos dan reglas claras”. El presidente de la Corte de Santa Cruz, Mario Orlando Parada, aseguró que “la CNE tiene que resolver de la mejor manera (este asunto) para que el pueblo sea el beneficiario”.
El vicepresidente Álvaro García demandó a las cortes dejar las interpretaciones y acatar la ley; y el presidente Evo Morales llamó a los prefectos a someterse al referéndum porque frenarlo es “como un golpe de Estado”.
“Deslindamos cualquier responsabilidad de lo que pueda pasar” tras la consulta del 10 de agosto.Elías Valdez, presidente de la Corte Electoral de Pando, sobre posibles conflictos derivados del referéndum.
Cámara de Industrias Oruro: Aborgación de la Ley de Pensiones provocará un desastre financiero
Según el análisis presentado por la Cámara de IndustriasLa propuesta de abrogación del actual sistema de pensiones, presentada por la Central Obrera Boliviana (COB), para retornar al Sistema de Reparto, es llevarnos al mayor desastre financiero, al no tener una posibilidad de ser sostenible financieramente, manifestó el directorio de la Cámara de Industrias.Señaló que la actual Ley de Pensiones ha creado el fondo capitalizado individual (FCI), en el que se acumulan los aportes individuales del 12,21 por ciento del salario mensual de cada uno de los beneficiarios y que contempla el 10 por ciento en renta de vejez, 0.5 por ciento, administración del sistema y 1,71 por ciento para cubrir el riesgo común.“Los promotores del cambio bajo el argumento de que la jubilación debe ser universal, solidaria y equitativa, ven en ese cambio la oportunidad de apropiarse de los fondos del FCI, que son privados y particulares, con finalidad de dar solución a sus propios problemas en forma temporal y no sostenible, dando lugar a la aparición de una segunda generación sandwich de proporciones insospechadas”, advirtió la Cámara de Industrias.Según la Superintendencia de Valores y Pensiones, en la actualidad son más de 1.077.000 los afiliados a las AFP’s, de los cuales un aproximado a los 600 mil son los que cotizan y de ellos 400 mil trabajan en el sector privado, unos 200 mil afiliados que cotizan son dependientes del Estado.“De todo ese universo, más de 1.077.000 son los afiliados a las AFP’s, y se aproximan a los 200 mil los afiliados a la COB; han transcurrido casi doce años y el patrimonio del Fondo de Capitalización Individual, alcanza a 23. 826 millones de bolivianos, es decir 3.323 millones de dólares al tipo de cambio actual, que serán confiscados, pasando dichos fondos de las cuentas individuales de las AFP’s, a una Tesorería General de Seguridad Social”, según el estudio.El directorio de la Cámara de Industrias, aseveró que la propuesta será imposible de financiar dado el crecimiento del sector informal de la economía y la reducción permanente del sector formal.“Para que sea posible su financiamiento, el sector informal, aproximadamente un 60 por ciento, tendría que formalizarse, es decir incorporarse al sistema con aportes personales y empresariales, algo imposible en las actuales circunstancias”, aseguró.
jueves, 24 de julio de 2008
PREOCUPANTE: El MAS forma en Chapare a juventud por el cambio
El MAS forma en Chapare una organización denominada "Juventud por el Cambio", que desde la anterior semana comenzó a capacitarse en la población de Chimoré, en el marco de un proyecto de conformar células con estas características en el resto del país. Una emisora de radio del lugar informó el pasado 19 de julio que el encuentro fue dirigido por el colombiano Francisco "Pacho" Cortez, presunto guerrillero de ese país y que afrontó detención y juicio en Bolivia. Dirigentes masistas consultados sobre esta persona, dijeron no saber nada del asunto, aunque sí confirmaron la capacitación a los jóvenes. La emisora informaba sobre la realización de un congreso en el que participaban jóvenes del trópico y de las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, El Alto, La Paz y Oruro y aunque no explicó los temas que se consideraban en el evento, sí se dejó en claro que ese día estaría presente el colombiano. Cortez fue detenido junto a dos líderes cocaleros de Bolivia, en la ciudad de El Alto y encarcelado en Chonchocoro en 2003, durante el último gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Fue acusado de intentar formar grupos terroristas en el país, pues, según la denuncia, formaba parte de grupos irregulares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El 7 de diciembre la jueza Nancy Altuzarra determinó la libertad del colombiano bajo fianza de 100 mil bolivianos equivalentes a más de 12 mil dólares, residencia fija en La Paz y arraigo. Su juicio duró más de dos años y no se le llegó a probar nada. Durante los primeros meses del gobierno de Evo Morales, recibió el status de refugiado político, concedido por la Comisión Nacional del Refugiado del Ministerio de Relaciones de Exteriores de Bolivia. Los Tiempos preguntó a dos líderes masistas de Cochabamba sobre la organización de estos grupos juveniles y ellos dieron dos versiones diferentes. Además, ambos sostuvieron que no tenían ningún dato respecto a la presencia de Cortez en Chapare el anterior fin de semana. OTROS GRUPOS Además de la Juventud por el Cambio del MAS, en el país existen otros grupos de jóvenes que intervienen en eventos políticos, como la Unión Juvenil Cruceñista de Santa Cruz; la Juventud Qhochala y los Jóvenes por la Democracia, en Cochabamba además de los Estudiantes de la Universidad San Francisco Xavier, que participaron en enfrentamientos en los tres departamentos en los que operan desde 2006. Prevén que haya peleas El dirigente Marco Carrillo dijo que los grupos juveniles del MAS son formados para "apoyar el proceso de cambio desarrollando acciones y planes en el área urbana y rural para socializar los logros del Gobierno". Explicó que son jóvenes de la universidad pública. Contradiciendo esta explicación, el secretario ejecutivo de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico de Cochabamba, Julio Salazar, sostuvo que la Juventud por el Cambio es una iniciativa de aproximadamente 4 mil jóvenes que "se reúnen para definir cómo organizarse frente a la amenaza de los jóvenes de la oligarquía cruceña y de la juventud de Cochabamba" porque, según explicó, en algún momento habrá enfrentamientos. Sobre la presencia de Cortez en Chimoré, respondió: "no tengo ninguna información, no sé… no sé de qué jóvenes me está hablando porque hay hartos grupos de jóvenes como los de nuestros colegios que se van preparando psicológicamente preocupados por este racismo y fascismo en Santa Cruz".
Sucre: Cívicos advierten con medidas si no se suspende el revocatorio
El Comité Interinstitucional de Chuquisaca y el Comité Cívico de Cochabamba, repudiaron ayer las ofensas inferidas contra la magistrada Salame y expresaron una vigorosa defensa del Tribunal Constitucional. Asimismo, exigieron a la Corte Nacional Electoral cumplir con el decreto emitido por el máximo órgano de control constitucional, en consecuencia, suspender el referéndum revocatorio del 10 de agosto. En un pronunciamiento público emitido anoche, los cívicos chuquisaqueños exigieron al Gobierno Nacional que se someta a la ley y renuncie a la "aventura" de conducir al país a más confrontaciones, en referencia al referéndum convocado para el 10 de agosto. También censuraron el hecho de que el Gobierno no haya dejado de "utilizar a la instituciones del Estado" y criticó que la Corte Nacional Electoral se preste para cumplir un deshonroso papel de "instrumento político del Gobierno". Por su parte, los cívicos de Cochabamba, tras una reunión de varias entidades, se declararon en estado de emergencia, con la advertencia de asumir medidas de presión en los próximos días si el órgano electoral nacional no vuelve a la legalidad y frena el revocatorio que no va a solucionar la crisis que enfrenta el país, contrariamente la va a agravar. En coincidencia con esta posición de los cívicos, en Tarija, el alcalde Óscar Montes Barzón, dijo, que lo mejor para el país es suspender definitivamente el Referendo Revocatorio para evitar conflictos posteriores que afectarán a Bolivia. Montes considera que no tiene sentido el revocatorio, más aún cuando no representa una solución a la crisis política, social y económica del país a corto plazo. Ante la posición de la magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, de paralizar el Referendo Revocatorio por inconstitucional, el Alcalde tarijeño dijo que unos festejan y otros permanecen con los nervios crispados, por lo que considera serán quienes orienten al pueblo boliviano sobre los siguientes pasos a dar.
Jueza prohibe a Cerrudo acercarse a periodistas
La jueza Cautelar Mercedes Siles impuso ayer medidas sustitutivas para el activista del Movimiento Al Socialismo (MAS), el peruano Adolfo Cerrudo, además de determinar su arraigo le prohibió acercarse a los medios de comunicación y a los trabajadores de la prensa. Cerrudo fue sometido a una audiencia de medidas cautelares en las que la titular del Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal, dispuso la libertad de Cerrudo, quien acusado por varios periodistas que fueron víctimas de una serie de agresiones por parte de esta persona que incluso amenazó con violar a una comunicadora de La Razón. No obstante, ahora Cerrudo debe también presentar garantías personales y firmar el libro de asistencia del Ministerio Público, todos los lunes de 9:00 a 10:00. Su abogado, Víctor Rojas, dijo que la jueza obró de acuerdo a Ley. Tal como había adelantado, la fiscal asignada a la investigación del caso, Virginia Crespo, no solicitó la detención preventiva del activista oficialista y solicitó medidas sustitutivas y argumentó que los delitos por los cuales Cerrudo fue acusado no tienen pena privativa de libertad. La audiencia de medidas cautelares de Cerrudo, se suspendió el lunes 21 de julio pasado ante la ausencia del imputado que no había asistido por no haber sido notificado de manera oficial. La querella penal contra Cerrudo fue presentada el 17 de marzo pasado.
Federacin de Empresarios Privados de Oruro: Bolivia perdió respeto a la institucionalidad
Se ha perdido la institucionalidad en el país y lamentablemente ese hecho nos está conduciendo a un vacío y eso hace que no se de cumplimiento a la normativa legal vigente en el país”, manifestó el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Oruro, Luis Ramiro García.Indicó que lo ocurrido con la magistrada Susana Salame Farjat, con respecto al fallo que hiciera de suspender el referéndum revocatorio, no es otra cosa que una petición legítima, ya que todo ciudadano tiene que basarse en lo que es el principio de la legalidad y la constitución de los actos que uno realiza.La magistrada del Tribunal Constitucional decidió suspender el martes, el referéndum revocatorio, intento que fue calificado por el gobierno como un acto “cantinflesco” por el gobierno, por su falta de sustento legal y amenazó que será sometida a un proceso penal acusada de prevaricato.Ante las amenazas del gobierno, García señaló que si el proceso del referéndum revocatorio no es constitucional se debería tomar muy en cuenta la recomendación de Salame, pues de no hacerlo, se podría conducir a un desconocimiento de los resultados que pueda tener el referéndum.“Nosotros consideramos que lo que debe hacer cada magistrado y persona de leyes es el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, las leyes y toda la normativa legal vigente, lamentamos que se haya tomado algún tipo de reacciones adversas, ya que eso resta seriedad a un dignatario de Estado, descalificando a una profesional que ha sido elegida para cumplir funciones en una de las instituciones más importantes del país”, aseveró.Mencionó que el referéndum revocatorio es un acto que no está cumpliendo lo que dice la Constitución Política del Estado, ya que posee vacíos jurídicos y presentará problemas a futuro, por lo que el referéndum no debería llevarse a cabo.
Marcando diferencias
Desde el primer momento que su imagen se hizo pública, Savina Cuéllar impresionó por la singular mezcla de vivacidad, madurez y prudencia discursiva. ¡Todo lo contrario al estilo presidencial! Como el Presidente, hoy es Prefecta gracias al voto mayoritario del pueblo chuquisaqueño, y su recorrido como dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, como Asambleísta y disidente del MAS nos deja lecciones que no pueden pasar por alto. Evo Morales y Savina Cuéllar no son sólo auténticos hijos de la revolución del 52, sino también hacen parte de una generación heredera de los procesos de movilidad social, inclusión y cambios, con luces y sombras, gestados en el país en la última mitad del siglo XX. La lucha por la vida y la superación de sus siete hijos, hacen de Savina, el vivo reflejo de quien supo enfrentar los desafíos planteados a miles de mujeres antes y durante los 25 años de democracia, democracia cuyo legado el presidente Evo Morales desvaloriza y niega sistemáticamente. Si bien se hace énfasis en su condición de campesina quechua, la flamante Prefecta es mucho más que ello, es una mujer que supo enfrentar el desafió de insertarse y adaptarse, en condiciones de discriminación, a la vida urbana y citadina. No sorprende, por tanto, que en su primer mensaje como Prefecta electa, haya hecho énfasis en el reencuentro entre campo y ciudad, en superar tensiones, que el proyecto del MAS intenta profundizar. Su trayectoria, el esfuerzo por capacitarse —se alfabetizó a los 16 años en el CEMA de Sucre— y ejercer el activismo sindical simultáneamente a sus roles de jefe de hogar es testimonio de la terca perseverancia por doblegar las limitaciones que impiden a las mujeres ejercer plenamente su ciudadanía política. El combinar responsabilidades familiares y políticas es algo ajeno a la experiencia personal del Primer Mandatario cuya máxima aspiración —de acuerdo a una entrevista— es retornar algún día a su cato de coca con una “quinceañera”. ¿No será ésta una faceta de la vida de ambos que marca diferencias a tiempo de matizar pragmatismo, responsabilidad y radicalismo ideológico? En todo caso, Savina sabe lo que es tener una hija profesional que se vio obligada a migrar a España en busca de oportunidades. ¡Otra diferencia! Pese a la extraordinaria e indudable inteligencia de ambos, ninguno tuvo el privilegio ni la oportunidad de cultivarla en la escuela y en otros centros de formación académica. No faltan quienes usan este argumento para señalar el peligro de manipulación por entornos inconvenientes. No obstante, pareciera que en términos de inteligencia emocional, Savina tiene menos tendencia a sucumbir en la arrogancia, en la ironía descalificadora de propios y ajenos, en la autovictimización manipulativa y la incontinencia verbal del Presidente que dice y se desdice de un día a otro produciendo las turbulencias a las que estamos acostumbrados. Sin prejuzgar lo bueno y lo malo de ser “cocalero”, Savina, como la mayoría de campesinos, no está obligada a las lealtades y riesgos políticos y sociales asociados directa e indirectamente a esa actividad. Su condición de mujer, campesina y quechua destruye la hipótesis oficial de que las reivindicaciones indígenas son sólo posibles a partir de la lealtad étnica y política al evismo, su instrumento y proyecto político. Finalmente, al contrario del Presidente, Savina, combina el discurso en quechua y español, habla de Dios sin complejos y reniega contra todo tipo de violencia, entre ellas la que cegó la vida de tres jóvenes chuquisaqueños, que bien pudieron ser sus hijos. En suma, la Prefecta, marca diferencias que no son poca cosa.
* Socióloga erikabrockmann@yahoo.com.mx
* Socióloga erikabrockmann@yahoo.com.mx
Alcalde de Oruro: Referéndum revocatorio traerá más división y enfrentamientos
“El referéndum revocatorio traerá a los bolivianos más división y enfrentamientos y no va a solucionar ningún problema y más bien la crisis política se agudizará si se realiza”, aseveró el presidente del Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria (Mcsfa) y alcalde municipal, Edgar Bazán Ortega.Asimismo, indicó que como agrupación, nunca estuvieron de acuerdo con la realización del referéndum que “será un gasto insulso de dinero, porque es inconstitucional, por ende ilegal, además de injusto”.“Favorece ciento por ciento al presidente (Evo) Morales y desfavorece en un 200 por ciento a los prefectos, en esas circunstancias siendo inconstitucional e ilegal, yo me hago una pregunta y pregunto a los orureños: los perdedores y los ganadores aceptarán los resultados del referéndum revocatorio del 10 de agosto?, no nos hagamos ilusiones ninguna de las partes van a aceptar”, afirmó Bazán.El líder de esa agrupación ciudadana recomendó que se debe escuchar a la ministra del Tribunal Constitucional, Susana Salame, que “sugirió al presidente de la Corte Nacional Electoral José Luis Exeni, militante del Movimiento Al Socialismo, que suspenda este referéndum que traerá muchos problemas a los bolivianos”, señaló.Expresó también su preocupación por la situación del país, que no es nada halagüeña, según Bazán, pues los ánimos de los bolivianos están cada vez menos tolerantes, lo que puede tener funestas consecuencias para todos quienes viven en este país.Según los rumores sobre la postulación de Bazán como prefecto, éste señaló que cumplirá con su gestión y que en ningún momento pensó en ser candidato a ese cargo.“Voy a cumplir con la voluntad de todos los orureños y orureñas de quienes en diciembre de 2004 hemos recibido un apoyo contundente, por lo que no queremos defraudarlos, Bazán será alcalde municipal hasta el 31 de diciembre del año 2009, fecha en la que vamos a cumplir los 5 años de gestión”, aseguró.
Discusión engañosa
El Gobierno y la COB se muestran enzarzados en una discusión que parece destinada a dejar en la sombra al problema de fondo del proyecto de Ley de Pensiones del MAS: su intención de que el Estado se apropie, al menos, de la administración de los ahorros jubilatorios de más de un millón de bolivianos.
El juego parece bien sincronizado, con convocatorias a la prensa y declaraciones altisonantes, además de un paro cobista al que, ¿cuándo no?, se sumaron rápidamente sectores aficionados al descanso permanente y costeado con recursos públicos. El Gobierno aparece entonces como defensor de los recursos depositados en el Fondo de Capitalización Individual (FCI), contra una COB decidida a que ellos pasen a formar parte de una bolsa común.
El Ejecutivo señala que no puede permitir que esos $us 3.300 millones del FCI sean expropiados y de paso, como si se tratara de una garantía y de un generoso intento de protección de ese dinero de particulares, que se hará cargo de ellos. Distrae la atención del hecho de que su ley también se asemeja a una confiscación.
Parecería un plan en el que ante un proyecto de radicalidad insólita se plantea otro de un extremismo, en apariencia menor, de modo que a la víctima no le quede otro camino que elegir el mal menos lesivo. En este caso, que el Estado se haga cargo de la administración de su dinero. ¿Entre amputar la mano y amputar el brazo, que preferiría el paciente?
Pero lo cierto es que ninguno de los proyectos es admisible, porque ambos disponen de un dinero que no es ni de la COB ni del Gobierno; son fondos particulares, de personas con nombre y apellido, depositados con la esperanza de una vejez digna.
Si el Gobierno, que aparece afanado por hacerse de los $us 3.300 millones —tras apropiarse de otros activos privados, incluidas las acciones de los bolivianos en las capitalizadas, y hasta disponer de las reservas internacionales—, realmente tiene la intención de proteger los recursos del FCI debería empezar por consultar a sus dueños. Su debate con la COB se asemeja al de vecinos que se amenazan con toda suerte de males en una pelea sobre una propiedad ajena.
Lo que corresponde es garantizar que el FCI permanezca donde está y a lo sumo crear otra opción, la estatal que se quiere, ante la posibilidad de que alguno de los ahorristas en las AFP decidiera correr el riesgo de dejar su dinero en unas manos que no han mostrado mayor esmero y pericia en administrar recursos públicos.
En cuanto a los sectores no aportantes a las AFP, parece razonable que sigan siendo apoyados con recursos públicos. Pero el Gobierno debe optimizar la administración de los $us 400 millones que se destinan a las jubilaciones de los antiguos trabajadores y ampliar razonablemente el monto para atender a obreros, campesinos y otros que no podrán gozar de una renta digna. En el uso de esos recursos de todos es donde radica la solidaridad que reclama la COB, que no puede pretender que quienes aportan a las AFP paguen con el FCI lo que ya ayudan a costear con sus impuestos.
Para ello, el Gobierno debería dejar de incurrir en la concesión de decenas de millones de dólares en bonos clientelares y dádivas a sindicatos afines y usar el dinero de la población en un sistema jubilatorio para los que no lo tienen, con unos criterios de eficiencia y transparencia que, por ahora, se extrañan en su administración.
*Álvaro Zuazo es periodista.
El juego parece bien sincronizado, con convocatorias a la prensa y declaraciones altisonantes, además de un paro cobista al que, ¿cuándo no?, se sumaron rápidamente sectores aficionados al descanso permanente y costeado con recursos públicos. El Gobierno aparece entonces como defensor de los recursos depositados en el Fondo de Capitalización Individual (FCI), contra una COB decidida a que ellos pasen a formar parte de una bolsa común.
El Ejecutivo señala que no puede permitir que esos $us 3.300 millones del FCI sean expropiados y de paso, como si se tratara de una garantía y de un generoso intento de protección de ese dinero de particulares, que se hará cargo de ellos. Distrae la atención del hecho de que su ley también se asemeja a una confiscación.
Parecería un plan en el que ante un proyecto de radicalidad insólita se plantea otro de un extremismo, en apariencia menor, de modo que a la víctima no le quede otro camino que elegir el mal menos lesivo. En este caso, que el Estado se haga cargo de la administración de su dinero. ¿Entre amputar la mano y amputar el brazo, que preferiría el paciente?
Pero lo cierto es que ninguno de los proyectos es admisible, porque ambos disponen de un dinero que no es ni de la COB ni del Gobierno; son fondos particulares, de personas con nombre y apellido, depositados con la esperanza de una vejez digna.
Si el Gobierno, que aparece afanado por hacerse de los $us 3.300 millones —tras apropiarse de otros activos privados, incluidas las acciones de los bolivianos en las capitalizadas, y hasta disponer de las reservas internacionales—, realmente tiene la intención de proteger los recursos del FCI debería empezar por consultar a sus dueños. Su debate con la COB se asemeja al de vecinos que se amenazan con toda suerte de males en una pelea sobre una propiedad ajena.
Lo que corresponde es garantizar que el FCI permanezca donde está y a lo sumo crear otra opción, la estatal que se quiere, ante la posibilidad de que alguno de los ahorristas en las AFP decidiera correr el riesgo de dejar su dinero en unas manos que no han mostrado mayor esmero y pericia en administrar recursos públicos.
En cuanto a los sectores no aportantes a las AFP, parece razonable que sigan siendo apoyados con recursos públicos. Pero el Gobierno debe optimizar la administración de los $us 400 millones que se destinan a las jubilaciones de los antiguos trabajadores y ampliar razonablemente el monto para atender a obreros, campesinos y otros que no podrán gozar de una renta digna. En el uso de esos recursos de todos es donde radica la solidaridad que reclama la COB, que no puede pretender que quienes aportan a las AFP paguen con el FCI lo que ya ayudan a costear con sus impuestos.
Para ello, el Gobierno debería dejar de incurrir en la concesión de decenas de millones de dólares en bonos clientelares y dádivas a sindicatos afines y usar el dinero de la población en un sistema jubilatorio para los que no lo tienen, con unos criterios de eficiencia y transparencia que, por ahora, se extrañan en su administración.
*Álvaro Zuazo es periodista.
El MAS monta un fraude
Hay que ser muy ingenuo o tonto para no darse cuenta de que el MAS está montando un fraude a favor de la permanencia en el poder del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García.
Evo, en una envalentonada para probar apoyo electoral, convocó a un referéndum revocatorio a su mandato en cuya papeleta incluye a ocho prefectos departamentales.
Dónde se ha visto que un gobierno monte en una casa de campaña un programa llamado ´Existo yo, existe Bolivia´, donde se dé identificación gratuita a gente de escasos recursos sin utilizar la información del Departamento de Identificación de la Policía y financiado y asesorado por funcionarios del Gobierno venezolano que trabajaron de noche. Una vergüenza sin nombre para obtener votos. Prueba clara es que el Padrón Electoral creció en 9% este año, el número de votantes aumentó a 377.000 y hay doble carnetización. Tal ha sido la presión de la oposición, que la Corte Nacional Electoral ha eliminado del Padrón 35.502 personas que estaban inscritas dos veces bajo homónimos y en distintas mesas electorales. En el pasado, se usó el mismo Padrón Electoral y no hubo anomalías.
Entretanto, Evo hace campaña utilizando el aparato estatal, reparte cheques venezolanos —otra vergüenza— y entrega obras a sus bases. Una gran ventaja ante los prefectos, a pesar de que ellos están consolidados porque arrasaron con el voto en los referendos para los estatutos autonómicos.
En general, los referendos son para gobiernos no consolidados, para democracias endebles, para dictadores como Chávez y Evo que quieren eternizarse en el poder y adueñarse de un país. Dicho referéndum nació tramposo y no mejorará la crisis; al contrario, aumentará la polarización de los bolivianos. Es ilegal e inconstitucional porque no está contemplado en la CPE. Es más, el Presidente y el Vicepresidente sólo necesitan el 46% de los votos para mantenerse en el poder, en cambio los prefectos entre el 52 y 62%. Esto prueba que el Gobierno, además, busca ventaja en los porcentajes.
Según encuestas, Morales y García serían ratificados, aunque con menor votación en los departamentos autonómicos. Esto porque la mayoría del voto está concentrada en La Paz, El Alto y Evo cuenta con los cocaleros del Chapare, bastiones del MAS. Por su lado, los prefectos de la Media Luna también serían ratificados ya que están afianzados y la autonomía es un proceso irreversible.
Lo correcto sería realizar una auditoría de la carnetización gratuita y del Padrón Electoral. La OEA hizo un informe incompleto y aprobó el Padrón, a pesar de sus irregularidades. Falta de seriedad.
Por tanto, es necesario suspender el referéndum revocatorio por la falta de transparencia y garantías que ha provocado que los bolivianos no confíen en el sistema electoral. Incluso el Presidente de la CNE es hombre de Evo. Hasta la magistrada del Tribunal Constitucional recomienda que no se realice. Si ahora hay denuncias y quejas de fraude, me imagino de los que nos enteraremos después.
*Verónica Ormachea G. es periodista y escritora.
Evo, en una envalentonada para probar apoyo electoral, convocó a un referéndum revocatorio a su mandato en cuya papeleta incluye a ocho prefectos departamentales.
Dónde se ha visto que un gobierno monte en una casa de campaña un programa llamado ´Existo yo, existe Bolivia´, donde se dé identificación gratuita a gente de escasos recursos sin utilizar la información del Departamento de Identificación de la Policía y financiado y asesorado por funcionarios del Gobierno venezolano que trabajaron de noche. Una vergüenza sin nombre para obtener votos. Prueba clara es que el Padrón Electoral creció en 9% este año, el número de votantes aumentó a 377.000 y hay doble carnetización. Tal ha sido la presión de la oposición, que la Corte Nacional Electoral ha eliminado del Padrón 35.502 personas que estaban inscritas dos veces bajo homónimos y en distintas mesas electorales. En el pasado, se usó el mismo Padrón Electoral y no hubo anomalías.
Entretanto, Evo hace campaña utilizando el aparato estatal, reparte cheques venezolanos —otra vergüenza— y entrega obras a sus bases. Una gran ventaja ante los prefectos, a pesar de que ellos están consolidados porque arrasaron con el voto en los referendos para los estatutos autonómicos.
En general, los referendos son para gobiernos no consolidados, para democracias endebles, para dictadores como Chávez y Evo que quieren eternizarse en el poder y adueñarse de un país. Dicho referéndum nació tramposo y no mejorará la crisis; al contrario, aumentará la polarización de los bolivianos. Es ilegal e inconstitucional porque no está contemplado en la CPE. Es más, el Presidente y el Vicepresidente sólo necesitan el 46% de los votos para mantenerse en el poder, en cambio los prefectos entre el 52 y 62%. Esto prueba que el Gobierno, además, busca ventaja en los porcentajes.
Según encuestas, Morales y García serían ratificados, aunque con menor votación en los departamentos autonómicos. Esto porque la mayoría del voto está concentrada en La Paz, El Alto y Evo cuenta con los cocaleros del Chapare, bastiones del MAS. Por su lado, los prefectos de la Media Luna también serían ratificados ya que están afianzados y la autonomía es un proceso irreversible.
Lo correcto sería realizar una auditoría de la carnetización gratuita y del Padrón Electoral. La OEA hizo un informe incompleto y aprobó el Padrón, a pesar de sus irregularidades. Falta de seriedad.
Por tanto, es necesario suspender el referéndum revocatorio por la falta de transparencia y garantías que ha provocado que los bolivianos no confíen en el sistema electoral. Incluso el Presidente de la CNE es hombre de Evo. Hasta la magistrada del Tribunal Constitucional recomienda que no se realice. Si ahora hay denuncias y quejas de fraude, me imagino de los que nos enteraremos después.
*Verónica Ormachea G. es periodista y escritora.
miércoles, 23 de julio de 2008
Editorial La Razón. La insuficiente ayuda de la OEA
Es muy probable que a la mayoría de los bolivianos sólo les quede lamentar que la ayuda de la Organización de Estados Americanos (OEA) haya sido tan insuficiente para resolver las anomalías que existen en torno al referéndum revocatorio del 10 de agosto. Las personalidades que vinieron al país, en representación de aquel organismo, no tomaron en cuenta que en Bolivia fue eliminado el Tribunal Constitucional y que se apelaba a su ayuda en el entendido de que su labor sería el equivalente a esta carencia.
Ahora, la situación del país se ha tornado extremadamente crítica: poco antes o después del 10 de agosto, puede precipitarse en el abismo de la anomia o, peor todavía, en la violencia. La OEA, por ser la garante de la paz en la región, ha incurrido en una gravísima omisión al dejar que en Bolivia ocurra cualquier cosa, cuando estaba a tiempo y en la obligación de conseguir que la confrontación política sea resuelta de manera pacífica, sin inclinarse a favor de nadie pero, eso sí, con la suficiente autoridad como para armonizar los intereses en pugna.
De nada sirvió que los enviados de la OEA hubieran tenido la oportunidad de reunirse y dialogar extensamente con el presidente Evo Morales y sus colaboradores más inmediatos, así como con los prefectos y dirigentes de las organizaciones cívicas y partidarias de la oposición, para darse cuenta de que esa organización estaba frente a un conflicto de proporciones y que su responsabilidad era actuar, resolviendo las diferencias de las que se le informó.
Si las partes enfrentadas acudieron a su auxilio, no era para que los enviados de la OEA asumieran el rol pilatuno de escuchar pero no hacer nada. Causa estupor que, constatando que para llegar al referéndum revocatorio existen tantas aberraciones, no se le haya movido un pelo para intervenir y hacer que la consulta de agosto, en vez de ser equitativa y democrática, tenga todas las características de constituirse en un sarcasmo a la racionalidad más elemental.
¿Cómo es posible que a la OEA le parezca —sólo así se puede entender su comportamiento— que pueda realizarse el revocatorio, pese a que no se halla previsto en la Constitución? ¿Que la pregunta por el Sí favorezca, sin pizca de rubor, al oficialismo? ¿Que no haya la universalidad requerida en la cantidad de votos que deben contabilizarse a favor de unos y otros; consiguientemente, que se preste a un espurio escamoteo del pronunciamiento ciudadano? ¿Y que, para rematar, los resultados tengan que ser interpretados al gusto de los contendientes? Esto es tan evidente que la propia Corte Nacional Electoral, a pesar de estar parcializada, no se animó a dilucidar el entuerto y pidió que lo hagan otras instancias institucionales.
La misión de la OEA presidida por Eduardo Stein se limitó a exponer sus observaciones a la fórmula de revocatoria del mandato aprobada para el referéndum, a las preguntas de la papeleta de voto y, para sorpresa de muchos, avaló el Padrón Electoral, explicando que las denuncias que existían acerca de éste son “de tipo general y no pruebas específicas”.
No es la primera vez que la actual gestión de la OEA defrauda las expectativas que se depositan en ella desde Bolivia. De lo que no podrá desligarse este organismo multinacional es de la responsabilidad histórica que tuvo con este país.
Ahora, la situación del país se ha tornado extremadamente crítica: poco antes o después del 10 de agosto, puede precipitarse en el abismo de la anomia o, peor todavía, en la violencia. La OEA, por ser la garante de la paz en la región, ha incurrido en una gravísima omisión al dejar que en Bolivia ocurra cualquier cosa, cuando estaba a tiempo y en la obligación de conseguir que la confrontación política sea resuelta de manera pacífica, sin inclinarse a favor de nadie pero, eso sí, con la suficiente autoridad como para armonizar los intereses en pugna.
De nada sirvió que los enviados de la OEA hubieran tenido la oportunidad de reunirse y dialogar extensamente con el presidente Evo Morales y sus colaboradores más inmediatos, así como con los prefectos y dirigentes de las organizaciones cívicas y partidarias de la oposición, para darse cuenta de que esa organización estaba frente a un conflicto de proporciones y que su responsabilidad era actuar, resolviendo las diferencias de las que se le informó.
Si las partes enfrentadas acudieron a su auxilio, no era para que los enviados de la OEA asumieran el rol pilatuno de escuchar pero no hacer nada. Causa estupor que, constatando que para llegar al referéndum revocatorio existen tantas aberraciones, no se le haya movido un pelo para intervenir y hacer que la consulta de agosto, en vez de ser equitativa y democrática, tenga todas las características de constituirse en un sarcasmo a la racionalidad más elemental.
¿Cómo es posible que a la OEA le parezca —sólo así se puede entender su comportamiento— que pueda realizarse el revocatorio, pese a que no se halla previsto en la Constitución? ¿Que la pregunta por el Sí favorezca, sin pizca de rubor, al oficialismo? ¿Que no haya la universalidad requerida en la cantidad de votos que deben contabilizarse a favor de unos y otros; consiguientemente, que se preste a un espurio escamoteo del pronunciamiento ciudadano? ¿Y que, para rematar, los resultados tengan que ser interpretados al gusto de los contendientes? Esto es tan evidente que la propia Corte Nacional Electoral, a pesar de estar parcializada, no se animó a dilucidar el entuerto y pidió que lo hagan otras instancias institucionales.
La misión de la OEA presidida por Eduardo Stein se limitó a exponer sus observaciones a la fórmula de revocatoria del mandato aprobada para el referéndum, a las preguntas de la papeleta de voto y, para sorpresa de muchos, avaló el Padrón Electoral, explicando que las denuncias que existían acerca de éste son “de tipo general y no pruebas específicas”.
No es la primera vez que la actual gestión de la OEA defrauda las expectativas que se depositan en ella desde Bolivia. De lo que no podrá desligarse este organismo multinacional es de la responsabilidad histórica que tuvo con este país.
Willian Kushner: Orgullo y verguenza
Quien no sienta estima hacia las consignas que incorpora el presidente Morales en su discurso, simplemente, no es socialista. Pero quien no sienta repudio por las maneras en las que dirige su gobierno, aún peor, no es demócrata. La incursión en la escena gubernativa e internacional de un presidente de ascendencia indígena y humilde en un país que no ha sabido vencer la desigualdad y la pobreza no deja a ningún analista sin opinión.
El derecho a ser elegido, visto esta vez de manera tan evidente, dejaría sorprendidos a los liberales quienes se encargaron de defender esta idea, y que fuera incorporada, con aspiraciones prácticas, como un principio democrático de igualdad. Pero si hoy supieran que el resto de los principios que defendían están siendo dañados sistemáticamente, lo más probable es que se asustarían. Escandalizarían, por ejemplo, las consideraciones de superioridad intrínseca en las que se funda el indigenismo totalitario, la voluntad de imposición y no de acuerdo, la redistribución de los derechos de propiedad como juego de suma cero y también el riesgo de no perfeccionar las reglas de juego y que sean aceptables por todos.
Para ser elegidas las personas —en un régimen democrático liberal— requerirán recursos políticos y económicos, organizarse, poder hacer oír su voz y que ésta se constituya en un incentivo de competencia entre sus pares. Así evitar que los gobernantes se duerman y obligarles a remontar su legitimidad, ya no de origen, sino de resultados. Y, si cabe, echarlos a través del voto si no se ven aquellos esperados.
Es cierto que existe la percepción —y la realidad— de que los gobernantes se duermen, favorecen sólo a unos y a falta de ideas y programa recurren a la retórica. Pero guste o no ésa es la razón misma de promover lo individual y lo privado; para generar esos recursos de interés y voz, que no se pierdan en el ensordecedor e hipnótico asistencialismo populista que atrae al poder de la mano del despilfarro.
Si los estímulos —no privilegios— políticos y económicos a lo individual están cada vez mejor distribuidos, contribuyen a que opere esa competencia y que ésta se traduzca en políticas; no dependientes de un gobierno sino de la dinámica representativa. De alguna forma, la izquierda democrática está para distribuir esos estímulos, si se quiere, más igualitariamente. Pero si a título de izquierda se anulan los estímulos comprando y cooptando el poder, tenemos un gobierno legitimado pero poco democrático, tan malo como uno que reparte privilegios entre amigos, como los gobiernos militares y las coaliciones anti-ingobernabilidad pasados.
Adam Przeworski plantea que la izquierda democrática acepta las restricciones económicas dado que respeta las restricciones políticas en el régimen normativo liberal. Así tenemos que todos los partidos democráticos (izquierda o derecha) llegan al poder para gestionarlo —en mayor o menor medida— con el mercado o con lo social, pero sobre un abanico de políticas públicas y sin que para nada rayen al arbitrio las reglas de juego y oportunidad.
La elección de Morales es motivo de orgullo para la democracia. La vergüenza da al ver cómo ese orgullo se convierte en un defecto de vanidad y se crea tener la razón equivalente a los votos obtenidos o por ascendencia.
*William Kushneres especialista en Opinión Pública. La Razón incorpora a partir de hoy a William Kushner como columnista quincenal.Le damos la bienvenida.
El derecho a ser elegido, visto esta vez de manera tan evidente, dejaría sorprendidos a los liberales quienes se encargaron de defender esta idea, y que fuera incorporada, con aspiraciones prácticas, como un principio democrático de igualdad. Pero si hoy supieran que el resto de los principios que defendían están siendo dañados sistemáticamente, lo más probable es que se asustarían. Escandalizarían, por ejemplo, las consideraciones de superioridad intrínseca en las que se funda el indigenismo totalitario, la voluntad de imposición y no de acuerdo, la redistribución de los derechos de propiedad como juego de suma cero y también el riesgo de no perfeccionar las reglas de juego y que sean aceptables por todos.
Para ser elegidas las personas —en un régimen democrático liberal— requerirán recursos políticos y económicos, organizarse, poder hacer oír su voz y que ésta se constituya en un incentivo de competencia entre sus pares. Así evitar que los gobernantes se duerman y obligarles a remontar su legitimidad, ya no de origen, sino de resultados. Y, si cabe, echarlos a través del voto si no se ven aquellos esperados.
Es cierto que existe la percepción —y la realidad— de que los gobernantes se duermen, favorecen sólo a unos y a falta de ideas y programa recurren a la retórica. Pero guste o no ésa es la razón misma de promover lo individual y lo privado; para generar esos recursos de interés y voz, que no se pierdan en el ensordecedor e hipnótico asistencialismo populista que atrae al poder de la mano del despilfarro.
Si los estímulos —no privilegios— políticos y económicos a lo individual están cada vez mejor distribuidos, contribuyen a que opere esa competencia y que ésta se traduzca en políticas; no dependientes de un gobierno sino de la dinámica representativa. De alguna forma, la izquierda democrática está para distribuir esos estímulos, si se quiere, más igualitariamente. Pero si a título de izquierda se anulan los estímulos comprando y cooptando el poder, tenemos un gobierno legitimado pero poco democrático, tan malo como uno que reparte privilegios entre amigos, como los gobiernos militares y las coaliciones anti-ingobernabilidad pasados.
Adam Przeworski plantea que la izquierda democrática acepta las restricciones económicas dado que respeta las restricciones políticas en el régimen normativo liberal. Así tenemos que todos los partidos democráticos (izquierda o derecha) llegan al poder para gestionarlo —en mayor o menor medida— con el mercado o con lo social, pero sobre un abanico de políticas públicas y sin que para nada rayen al arbitrio las reglas de juego y oportunidad.
La elección de Morales es motivo de orgullo para la democracia. La vergüenza da al ver cómo ese orgullo se convierte en un defecto de vanidad y se crea tener la razón equivalente a los votos obtenidos o por ascendencia.
*William Kushneres especialista en Opinión Pública. La Razón incorpora a partir de hoy a William Kushner como columnista quincenal.Le damos la bienvenida.
PODEMOS apoyará a Reyes Villa
El ex asambleísta de Podemos Gamal Serhan anunció que esta agrupación ciudadana realizará campaña para que el prefecto Manfred Reyes Villa sea ratificado en el cargo en el referéndum revocatorio del 10 de agosto.
La sorpresiva determinación surgió en momentos en que Reyes Villa se niega a someterse al revocatorio, acusa al MAS de impulsar un proceso ilegal y culpa al líder de Podemos, Jorge Quiroga, y al MAS de actuar con mezquindad y cálculo político en este proceso. Serhan explicó que Podemos realiza una campaña contra Evo Morales “por violar los preceptos constitucionales, imponer una política autoritaria y por someterse al chavismo de Venezuela” y que para ganar tiempo e impulsar la continuidad en la gestión prefectural cochabambina se respaldará la gestión de Reyes Villa.
No obstante, recientemente, la oficina regional de Podemos en Cochabamba envió una carta al prefecto Reyes Villa criticándolo por confundir a la población y por generar violencia. Le recuerdan en ella que “la mejor manera de derrotar a un dictador no es con el ausentismo y mucho menos con la violencia”.
“Independientemente de los errores políticos que comete el prefecto, Podemos decidió ayudar en la ratificación de la primera autoridad política de Cochabamba, a quien consideramos un hombre de servicio y trabajo”, dijo y pidió a militantes de Podemos votar por Reyes Villa. ANF
La sorpresiva determinación surgió en momentos en que Reyes Villa se niega a someterse al revocatorio, acusa al MAS de impulsar un proceso ilegal y culpa al líder de Podemos, Jorge Quiroga, y al MAS de actuar con mezquindad y cálculo político en este proceso. Serhan explicó que Podemos realiza una campaña contra Evo Morales “por violar los preceptos constitucionales, imponer una política autoritaria y por someterse al chavismo de Venezuela” y que para ganar tiempo e impulsar la continuidad en la gestión prefectural cochabambina se respaldará la gestión de Reyes Villa.
No obstante, recientemente, la oficina regional de Podemos en Cochabamba envió una carta al prefecto Reyes Villa criticándolo por confundir a la población y por generar violencia. Le recuerdan en ella que “la mejor manera de derrotar a un dictador no es con el ausentismo y mucho menos con la violencia”.
“Independientemente de los errores políticos que comete el prefecto, Podemos decidió ayudar en la ratificación de la primera autoridad política de Cochabamba, a quien consideramos un hombre de servicio y trabajo”, dijo y pidió a militantes de Podemos votar por Reyes Villa. ANF
AS inicia huelga en dos departamentos por el Tribunal Constitucional
Partidarios de la agrupación Alianza Social (AS) del alcalde potosino, René Joaquino, iniciaron ayer una huelga de hambre en Potosí y Cochabamba exigiendo al Congreso la designación de nueve miembros faltantes del Tribunal Constitucional, de forma de reactivar sus labores para que se pronuncie sobre el referéndum revocatorio.
Desde Potosí, Joaquino anunció que la medida se extenderá al resto del país por la necesidad de contar con el control constitucional en un momento de cuestionamientos a la legalidad de la ley que convoca a la consulta de revocatoria para el Presidente, Vicepresidente y prefectos.
El ayuno voluntario comenzó con seis personas en interiores de la Cámara Departamental de Minería y se anunció que en las siguientes horas se plegarán más militantes de AS, según ANF.
“La realización del referéndum revocatorio va a generar una mayor polémica y con seguridad que profundizará la crisis política y la división existente en el país”, dijo Joaquino, quien recordó que la figura del revocatorio no está en la economía jurídica por lo que se presta a demandas de inconstitucionalidad
“El Tribunal Constitucional es la única instancia legal que en este momento puede frenar la realización del referéndum revocatorio del mandato popular”, anunció, momentos antes que la tribuna, Silvia Salame, admitiera un recurso interpuesto en contra de la consulta del 10 de agosto, lo que en su criterio tendría como efecto la suspensión inmediata del proceso.
En Cochabamba, AS tiene a 12 personas en huelga. El asesor de esta agrupación ciudadana, Filemón Escóbar, demandó al Congreso llenar las acefalías del control constitucional hasta el jueves porque de lo contrario, anunció, promoverán la masificación de los piquetes de huelga.
“Al Cardenal (Julio Terrazas) le voy a obligar a que haga huelga de hambre conmigo para defender la democracia en el país”, afirmó Escóbar, además ex senador del oficialista MAS.
A fines de junio, el Congreso, por acuerdo entre el MAS y la oposición, decidió aplazar hasta después del 10 de agosto la designación de autoridades de la CNE y del Poder Judicial, entre ellas del control constitucional.
“Estamos desesperados de evitar la confrontación, es lo que nos ha animado a iniciar la huelga de hambre pues el país huele a confrontación y esa confrontación pone en riesgo la democracia del país”, explicó Escóbar.
ACCIONES
Piquetes • Hasta el momento, en Potosí y Cochabamba están en huelga de hambre 18 personas afines a AS.
Antecedente • Una medida similar realizó la oposición política y regional y logró los 2/3 en la Constituyente.
Fuente.
http://www.la-razon.com/versiones/20080723_006342/nota_247_637491.htm
Desde Potosí, Joaquino anunció que la medida se extenderá al resto del país por la necesidad de contar con el control constitucional en un momento de cuestionamientos a la legalidad de la ley que convoca a la consulta de revocatoria para el Presidente, Vicepresidente y prefectos.
El ayuno voluntario comenzó con seis personas en interiores de la Cámara Departamental de Minería y se anunció que en las siguientes horas se plegarán más militantes de AS, según ANF.
“La realización del referéndum revocatorio va a generar una mayor polémica y con seguridad que profundizará la crisis política y la división existente en el país”, dijo Joaquino, quien recordó que la figura del revocatorio no está en la economía jurídica por lo que se presta a demandas de inconstitucionalidad
“El Tribunal Constitucional es la única instancia legal que en este momento puede frenar la realización del referéndum revocatorio del mandato popular”, anunció, momentos antes que la tribuna, Silvia Salame, admitiera un recurso interpuesto en contra de la consulta del 10 de agosto, lo que en su criterio tendría como efecto la suspensión inmediata del proceso.
En Cochabamba, AS tiene a 12 personas en huelga. El asesor de esta agrupación ciudadana, Filemón Escóbar, demandó al Congreso llenar las acefalías del control constitucional hasta el jueves porque de lo contrario, anunció, promoverán la masificación de los piquetes de huelga.
“Al Cardenal (Julio Terrazas) le voy a obligar a que haga huelga de hambre conmigo para defender la democracia en el país”, afirmó Escóbar, además ex senador del oficialista MAS.
A fines de junio, el Congreso, por acuerdo entre el MAS y la oposición, decidió aplazar hasta después del 10 de agosto la designación de autoridades de la CNE y del Poder Judicial, entre ellas del control constitucional.
“Estamos desesperados de evitar la confrontación, es lo que nos ha animado a iniciar la huelga de hambre pues el país huele a confrontación y esa confrontación pone en riesgo la democracia del país”, explicó Escóbar.
ACCIONES
Piquetes • Hasta el momento, en Potosí y Cochabamba están en huelga de hambre 18 personas afines a AS.
Antecedente • Una medida similar realizó la oposición política y regional y logró los 2/3 en la Constituyente.
Fuente.
http://www.la-razon.com/versiones/20080723_006342/nota_247_637491.htm
Antonio Jose Lizarazo: Experto en temas electorales, dice que el Referéndum no debe usarse para controversias políticas
En momentos en que Bolivia vive agitada por una avalancha de referendos y a menos de 20 días de la fecha fijada para la consulta nacional de revocatoria de mandato (ahora en duda por una acción del Tribunal Constitucional), el experto colombiano en temas electorales Antonio José Lizarazo Ocampo habló con La Razón sobre los riesgos de ir a una consulta sin tener reglas claras.
Lizarazo llegó a Bolivia para participar en el seminario sobre “Referéndums en América Latina y Voto en el Extranjero” auspiciado por la Corte Electoral.
¿Cómo ayuda el referéndum a un país?Son mecanismos que amplían la democracia, que le otorgan más poder al ciudadano, que ya no se limita solamente a elegir a sus representantes sino que tiene la posibilidad de participar en otras decisiones y eso significa mayor poder de los ciudadanos; en ese sentido, implica un fortalecimiento de la democracia, en todos los casos. Los ciudadanos van a tener la posibilidad de participar en la formulación de las normas, de la revocación, en las decisiones trascendentales y por su puesto el poder de quitar el mandato, así las democracias dejaron de ser representativas para ser participativas.
¿Cómo puede afectar a la democracia el uso muy frecuente de estos procesos?No debería existir ningún efecto negativo, en el sentido de que mayores espacios de participación deberían significar una democracia más activa, más dinámica. (Pero) en la práctica lo que puede generar es un cansancio de los ciudadanos que son convocados reiteradamente a las urnas... pues eso genera cansancio, desgaste de la participación y hay que tener mucho cuidado, se supone que la democracia participativa debe funcionar bien...
¿En qué casos se puede desvirtuar un referéndum?Hay aspectos que son muy importantes, por ejemplo que las preguntas que se hacen a los ciudadanos deben estar exentas de toda valoración, no pueden inducir una respuesta, tienen que ser redactadas de una manera que se respete la libertad del elector, que no induzca el voto, que no haga valoraciones de ninguna naturaleza; en ese sentido, si las reglas no son claras sobre el mecanismo, sobre quiénes pueden participar, las consecuencias de la decisión, que el resultado de la votación debe ser de cumplimiento obligatorio, que no puede ser facultativo de las autoridades, en ese sentido podemos decir que su uso puede ser irregular o ilegítimo.
¿Para solucionar un conflicto político será correcto ir a un referéndum?Yo creo que no, porque las controversias políticas se resuelven a través de las instituciones propias de la democracia representativa, para eso se eligen a los representantes, lo otro son mecanismos para resolver otro tipo de problemas.
EL EXPERTO
Su perfil • Antonio José Lizarazo es abogado especializado en Derecho Administrativo, es ex magistrado del Consejo Nacional Electoral de Colombia.
Cargo • Se desempeña como consultor internacional de las Naciones Unidas para temas electorales y de IDEA internacional.
Lizarazo llegó a Bolivia para participar en el seminario sobre “Referéndums en América Latina y Voto en el Extranjero” auspiciado por la Corte Electoral.
¿Cómo ayuda el referéndum a un país?Son mecanismos que amplían la democracia, que le otorgan más poder al ciudadano, que ya no se limita solamente a elegir a sus representantes sino que tiene la posibilidad de participar en otras decisiones y eso significa mayor poder de los ciudadanos; en ese sentido, implica un fortalecimiento de la democracia, en todos los casos. Los ciudadanos van a tener la posibilidad de participar en la formulación de las normas, de la revocación, en las decisiones trascendentales y por su puesto el poder de quitar el mandato, así las democracias dejaron de ser representativas para ser participativas.
¿Cómo puede afectar a la democracia el uso muy frecuente de estos procesos?No debería existir ningún efecto negativo, en el sentido de que mayores espacios de participación deberían significar una democracia más activa, más dinámica. (Pero) en la práctica lo que puede generar es un cansancio de los ciudadanos que son convocados reiteradamente a las urnas... pues eso genera cansancio, desgaste de la participación y hay que tener mucho cuidado, se supone que la democracia participativa debe funcionar bien...
¿En qué casos se puede desvirtuar un referéndum?Hay aspectos que son muy importantes, por ejemplo que las preguntas que se hacen a los ciudadanos deben estar exentas de toda valoración, no pueden inducir una respuesta, tienen que ser redactadas de una manera que se respete la libertad del elector, que no induzca el voto, que no haga valoraciones de ninguna naturaleza; en ese sentido, si las reglas no son claras sobre el mecanismo, sobre quiénes pueden participar, las consecuencias de la decisión, que el resultado de la votación debe ser de cumplimiento obligatorio, que no puede ser facultativo de las autoridades, en ese sentido podemos decir que su uso puede ser irregular o ilegítimo.
¿Para solucionar un conflicto político será correcto ir a un referéndum?Yo creo que no, porque las controversias políticas se resuelven a través de las instituciones propias de la democracia representativa, para eso se eligen a los representantes, lo otro son mecanismos para resolver otro tipo de problemas.
EL EXPERTO
Su perfil • Antonio José Lizarazo es abogado especializado en Derecho Administrativo, es ex magistrado del Consejo Nacional Electoral de Colombia.
Cargo • Se desempeña como consultor internacional de las Naciones Unidas para temas electorales y de IDEA internacional.
Los cívicos se organizan para los reclamos por el IDH y contra Evo
El Comité pro Intereses de Tarija se adelantó ayer y conformó la Coordinadora Chapaca, con tres objetivos: exigir la restitución del IDH y las regalías; entrar en campaña en apoyo al prefecto Mario Cossío; y buscar la revocatoria de mandato del presidente Morales.
Según el líder cívico de Tarija, Reinaldo Bayard, en el tema del IDH esperarán una respuesta del Gobierno hasta el 1 de agosto, caso contrario el movimiento cívico nacional se reunirá en Villa Montes el 2 de agosto, para ajustar las medidas e iniciar una huelga de hambre.Por su lado, el Comité pro Santa Cruz convocó para mañana una reunión de directorio ampliado en la cual detallarán el plan de acción de las movilizaciones contra el Gobierno, pero además concretarán la convocatoria a la Asamblea de la Cruceñidad, con el fin de decidir en conjunto las medidas más duras posibles para conseguir la atención del Poder Ejecutivo.
Según Branko Marinkovic, presidente del Comité pro Santa Cruz, más allá de las descalificaciones políticas del Gobierno, la lucha por los recursos del IDH es inminente por lo que coordinan con los líderes cívicos de otras regiones el plan de movilizaciones. "Si es necesario nosotros convocaremos a la Asamblea de la Cruceñidad, porque los recursos son vitales para la región", dijo.
La presidenta de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), María Elba Pinckert, desde ayer recorre los municipios de las provincias cruceñas con el objetivo de coordinar, con alcaldes y concejales, las movilizaciones para que les devuelvan los recursos que el Gobierno les cercenó para pagar la renta Dignidad. "Estamos montando, para la gran movilización, la misma estructura que hicimos para el proceso de la autonomía, con la Prefectura, municipios y movimientos cívicos", sostuvo.
Para las 18:00 de hoy se anuncia la reunión del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, que definirá las medidas en torno al IDH y el referéndum revocatorio. "Decidiremos las medidas en el marco de las decisiones que tomó el Conalde en Sucre", adelantó ayer el titular cívico, John Cava.
Fuente:
http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-07-23/vernotaahora.php?id=080722210621
Según el líder cívico de Tarija, Reinaldo Bayard, en el tema del IDH esperarán una respuesta del Gobierno hasta el 1 de agosto, caso contrario el movimiento cívico nacional se reunirá en Villa Montes el 2 de agosto, para ajustar las medidas e iniciar una huelga de hambre.Por su lado, el Comité pro Santa Cruz convocó para mañana una reunión de directorio ampliado en la cual detallarán el plan de acción de las movilizaciones contra el Gobierno, pero además concretarán la convocatoria a la Asamblea de la Cruceñidad, con el fin de decidir en conjunto las medidas más duras posibles para conseguir la atención del Poder Ejecutivo.
Según Branko Marinkovic, presidente del Comité pro Santa Cruz, más allá de las descalificaciones políticas del Gobierno, la lucha por los recursos del IDH es inminente por lo que coordinan con los líderes cívicos de otras regiones el plan de movilizaciones. "Si es necesario nosotros convocaremos a la Asamblea de la Cruceñidad, porque los recursos son vitales para la región", dijo.
La presidenta de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), María Elba Pinckert, desde ayer recorre los municipios de las provincias cruceñas con el objetivo de coordinar, con alcaldes y concejales, las movilizaciones para que les devuelvan los recursos que el Gobierno les cercenó para pagar la renta Dignidad. "Estamos montando, para la gran movilización, la misma estructura que hicimos para el proceso de la autonomía, con la Prefectura, municipios y movimientos cívicos", sostuvo.
Para las 18:00 de hoy se anuncia la reunión del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, que definirá las medidas en torno al IDH y el referéndum revocatorio. "Decidiremos las medidas en el marco de las decisiones que tomó el Conalde en Sucre", adelantó ayer el titular cívico, John Cava.
Fuente:
http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-07-23/vernotaahora.php?id=080722210621
Una magistrada del Tribunal Constitucional congela
La realización del referéndum revocatorio quedó en suspenso, después de que la única magistrada activa del Tribunal Constitucional (TC), Silvia Salame, hiciera conocer un decreto en respuesta al recurso de inconstitucionalidad presentado por el diputado Arturo Murillo, de UN, en contra del proceso convocado por el Gobierno. Sin embargo, la decisión final de declarar la constitucionalidad o no del plebiscito está en manos del plenario del TC, que no cuenta con el quórum reglamentario para sesionar. La decisión no fue del agrado del Ejecutivo que, a través del ministro de Defensa, Walker San Miguel, y del titular del Ministerio sin Cartera de Defensa Legal de la Recuperación de las Estatales, Héctor Arce, calificó de ‘cantinflesco’ el decreto y anunció un juicio por prevaricato en contra de la magistrada porque ella sola no podía asumir funciones que competen a un ente colegiado. Salame se pronunció mientras el prefecto cruceño, Rubén Costas, y el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, se encontraban en campaña por el norte cruceño para mantenerse en sus cargos. En la oportunidad, el ‘Vice’ reiteró que no se movería ni una coma de la Ley del Referéndum Revocatorio del Mandato, en alusión al proyecto de modificación aprobado por el Senado, pero en ese momento desconocía la posición del TC.Salame explicó que asumió la decisión sustentada en el artículo 60 de la Ley del Tribunal Constitucional, que establece que si los derechos se consideran lesionados y si el recurso está debidamente sustentado, se tiene que considerar. Además, adujo que la consulta introducida por Murillo no fue sometida a análisis ante la falta de designación de magistrados por parte del Congreso Nacional; sin embargo, como jurisprudencia se refirió la Sentencia Constitucional 1781/2005 del 16 de noviembre, que postergó la elección de prefectos, por lo tanto el TC tiene fuerza vinculante para que la Corte Nacional Electoral cumpla con la disposición de forma obligatoria hasta que se emita un fallo definitivo."Hice el pronunciamiento oficial (porque) el Tribunal Constitucional no tendrá quórum para dictar resoluciones, pero sí tiene atribuciones para hacer respetar la institucionalidad; no me he quedado a cuidar la puerta del tribunal, estoy haciendo respetar la jurisprudencia y es bien clara en sentido de cuando se presenta un recurso incidental, el órgano que va a aplicar esa norma impugnada debe suspenderla hasta que el tribunal se pronuncie", dijo Salame.Desde La Paz, el ministro Héctor Arce dijo que el criterio de Salame carece de sustento legal y anunció que el Gobierno interpondrá un recurso contra la magistrada por el delito de prevaricato y por actuar políticamente.
En la jornada
- Protesta. Un grupo de militantes de Alianza Social inició una huelga de hambre en Potosí, similar a la que se realiza en Cochabamba, exigiendo al Congreso Nacional la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional.- Fallo. La CNE rechazó ayer por la mañana el recurso presentado por el prefecto cochabambino, Manfred Reyes Villa, para suspender el revocatorio. Podemos anunció que hará campaña por la autoridad.- Posición. El empresariado paceño demandó ayer autonomía para La Paz, la misma que será difundida a través de un seminario el 30 de julio, junto al Concejo Municipal y la Fundación de Apoyo al Parlamento y la Participación Ciudadana.- Ataque. El presidente, Evo Morales, se estrelló ayer contra los medios de prensa a causa de las encuestas de intención de voto que se difundieron poco antes de la elección de prefecto en Chuquisaca y de cara al referéndum revocatorio.
El proceso se debe paralizarWilman Durán / Ex presidente del TCLa magistrada Silvia Salame no tenía necesidad de ordenar a la Corte Nacional Electoral que paralice el referéndum revocatorio, porque el artículo 63 de la Ley del Tribunal Constitucional (TC) establece que cuando se interpone un recurso de inconstitucionalidad y éste aún no ha tenido una resolución en la que se establezca que la ley impugnada es constitucional o no, se debe paralizar el proceso; eso no sólo por el imperio de la ley, sino por lógica jurídica porque de lo contrario el recurso y la resolución que pudiera emitir el TC en su momento hubiese sido una simple declaración formal, sin ninguna posibilidad de reparar las lesiones fundamentales que se invocan en todo recurso incidental de constitucionalidad. Lo que quiero decir es que, según la ley del TC, no se puede proseguir con el desarrollo del proceso electoral ni la resolución final, que es el voto de los ciudadanos.
Reacciones
Manfred Reyes VillaTodavía existe la justicia“Estoy emocionado porque se puede evidenciar que en este país todavía existe justicia porque el Tribunal Constitucional, a pesar de que apenas cuenta con una sola magistrada, emitió un decreto que paraliza el referéndum ilegal”, dijo el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Afirmó que sólo espera que la Corte Nacional Electoral respete el decreto y suspenda el proceso.
Branko MarinkovicUn mensaje por la democraciaPara el presidente del Comité pro Santa Cruz, la magistrada Silvia Salame está intentando salvar el último resquicio de la institucionalidad y de la legalidad que queda en Bolivia. En criterio de Marinkovic, esa medida se puede interpretar como un mensaje por salvar la democracia en Bolivia. “Siempre hemos dicho que este referéndum es inconstitucional”.
Waldo AlbarracínElla sola no hace quórumEn criterio del defensor del Pueblo, la decisión de la magistrada Silvia Salame es contradictoria con posiciones fijadas por ella en anteriores oportunidades, cuando cuestionó resoluciones emitidas por dos miembros del Tribunal Constitucional. “Ella sola no hace quórum porque el tribunal es un cuerpo colegiado”, señaló Waldo Albarracín.
Róger PintoLa decisión es obligatoriaMás allá de la decisión emitida por la magistrada del Tribunal Constitucional, lo importante es analizar la situación en que se encuentra la institución. Para el senador por Podemos, también es importante conocer los argumentos y las bases jurídicas en las que se sustentó Salame, aunque advirtió que la decisión del tribunal es de carácter obligatorio.
Fuente.
http://www.eldeber.com.bo/vernotaahora.php?id=080723010225
En la jornada
- Protesta. Un grupo de militantes de Alianza Social inició una huelga de hambre en Potosí, similar a la que se realiza en Cochabamba, exigiendo al Congreso Nacional la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional.- Fallo. La CNE rechazó ayer por la mañana el recurso presentado por el prefecto cochabambino, Manfred Reyes Villa, para suspender el revocatorio. Podemos anunció que hará campaña por la autoridad.- Posición. El empresariado paceño demandó ayer autonomía para La Paz, la misma que será difundida a través de un seminario el 30 de julio, junto al Concejo Municipal y la Fundación de Apoyo al Parlamento y la Participación Ciudadana.- Ataque. El presidente, Evo Morales, se estrelló ayer contra los medios de prensa a causa de las encuestas de intención de voto que se difundieron poco antes de la elección de prefecto en Chuquisaca y de cara al referéndum revocatorio.
El proceso se debe paralizarWilman Durán / Ex presidente del TCLa magistrada Silvia Salame no tenía necesidad de ordenar a la Corte Nacional Electoral que paralice el referéndum revocatorio, porque el artículo 63 de la Ley del Tribunal Constitucional (TC) establece que cuando se interpone un recurso de inconstitucionalidad y éste aún no ha tenido una resolución en la que se establezca que la ley impugnada es constitucional o no, se debe paralizar el proceso; eso no sólo por el imperio de la ley, sino por lógica jurídica porque de lo contrario el recurso y la resolución que pudiera emitir el TC en su momento hubiese sido una simple declaración formal, sin ninguna posibilidad de reparar las lesiones fundamentales que se invocan en todo recurso incidental de constitucionalidad. Lo que quiero decir es que, según la ley del TC, no se puede proseguir con el desarrollo del proceso electoral ni la resolución final, que es el voto de los ciudadanos.
Reacciones
Manfred Reyes VillaTodavía existe la justicia“Estoy emocionado porque se puede evidenciar que en este país todavía existe justicia porque el Tribunal Constitucional, a pesar de que apenas cuenta con una sola magistrada, emitió un decreto que paraliza el referéndum ilegal”, dijo el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Afirmó que sólo espera que la Corte Nacional Electoral respete el decreto y suspenda el proceso.
Branko MarinkovicUn mensaje por la democraciaPara el presidente del Comité pro Santa Cruz, la magistrada Silvia Salame está intentando salvar el último resquicio de la institucionalidad y de la legalidad que queda en Bolivia. En criterio de Marinkovic, esa medida se puede interpretar como un mensaje por salvar la democracia en Bolivia. “Siempre hemos dicho que este referéndum es inconstitucional”.
Waldo AlbarracínElla sola no hace quórumEn criterio del defensor del Pueblo, la decisión de la magistrada Silvia Salame es contradictoria con posiciones fijadas por ella en anteriores oportunidades, cuando cuestionó resoluciones emitidas por dos miembros del Tribunal Constitucional. “Ella sola no hace quórum porque el tribunal es un cuerpo colegiado”, señaló Waldo Albarracín.
Róger PintoLa decisión es obligatoriaMás allá de la decisión emitida por la magistrada del Tribunal Constitucional, lo importante es analizar la situación en que se encuentra la institución. Para el senador por Podemos, también es importante conocer los argumentos y las bases jurídicas en las que se sustentó Salame, aunque advirtió que la decisión del tribunal es de carácter obligatorio.
Fuente.
http://www.eldeber.com.bo/vernotaahora.php?id=080723010225
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
DEFIENDE TUS DERECHOS, VOTA NOO!!
